A fines de octubre, siete locales de las cadenas Doggis y Juan Maestro -parte de G&N Brands, mayor holding chileno de comida rápida- fueron clausurados luego de que la empresa acusara que los administradores no contaban con los derechos de franquicia.
Tras ese operativo se desató una disputa judicial entre la compañía y Administradora de Restaurantes Limitada (ADR), sociedad que, en enero, después de 25 años franquiciando marcas de G&N, la acusó de abuso de posición dominante primero a través de una medida prejudicial en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
En octubre pasado, ADR concretó su arremetida y, representada por el abogado José Miguel Gana (socio de Gana & Urrutia), ingresó una demanda por libre competencia.
La franquiciada acusa que, desde una dirección IP ligada a G&N Brands, se exportaron archivos e información desde uno de sus computadores durante 90 minutos, “sin que se hubiese autorizado su ingreso de ninguna manera”.
En el escrito, dijo que la querella que llevó a clausurar los locales era parte de un ejercicio “manifiestamente abusivo” que estaba desarrollando G&N con una ráfaga de acciones judiciales en su contra.
En la acción se enumera que, durante 2023, el holding “pidió improcedentemente” la liquidación de ADR, lo que fue rechazado por la justicia; interpuso dos demandas que se tuvieron por no presentadas; inició dos acciones judiciales pidiendo el cobro de una factura pagada; y presentó la mencionada querella por uso indebido de la marca.
Las acusaciones
Asimismo, en el documento presentado al TDLC, la franquiciada denuncia una serie de prácticas que, según su relato, habrían tenido como fin presionar a los administradores hasta poder quedarse con los locales “a precios irrisorios”.
Añade que ejecutivos de G&N han reconocido judicialmente que, desde 2020 a la fecha, el holding ha adquirido más de 70 locales operados por sus franquiciados y, según ADR, esa cifra ya habría superado el centenar.
G&N “ejerce un fuerte control sobre sus franquiciados, llegando a manejar íntegramente su desenvolvimiento, lo que va muchísimo más allá de las naturales características del modelo de franquicia”, dice el escrito.
Asimismo, agrega que G&N ha abusado de su posición dominante “y del control absoluto de los costos e ingresos de ADR, estrechando o estrangulando sus márgenes, con el objeto de excluirla del mercado”.
Entre estas prácticas, apunta a la existencia de contratos de franquicia que no tienen poder de negociación; a la fijación de determinados proveedores; a la determinación de los precios de venta a público y la imposición de ofertas y promociones que dejan sin márgenes a los locatarios; y al cobro de un royalty a las ventas.
Amenazas
Junto con todo esto, la franquiciada acusa que, desde que presentó su primera acción legal, ha sufrido “un incesante asedio extrajudicial (por vías de hecho) y judicial” y que, incluso, representantes de G&N amenazaron con “destrozar” a su representada. En la presentación también se adjunta un correo del abogado Sergio Espinoza, socio de Puga Ortiz, que actúa como asesor permanente de G&N, que dice: “Ojalá que quienes los hayan incentivado este camino asuman después sus responsabilidades cuando las cosas no resulten (...) Porque lo único que sí le puedo asegurar por mi experiencia (...) es que los costos de esta batalla serán muy mayores a los beneficios que les fueron proyectados”.
Entre las presiones que ADR acusa, se incluyen la serie de demandas en su contra, amenazas de cortes de luz en los locales y cobros injustificados de boletas de garantía. La versión del franquiciado es que, al operar en una modalidad de subarriendo, pagó las cuotas a G&N, pero que estos no traspasaron los pagos a los dueños de los locales.
A fines de 2022, otras tres sociedades también habían demandado al holding por abuso de posición dominante, pero estas acciones fueron retiradas. En 2016, otros 20 franquiciados iniciaron otro proceso similar en el TDLC, acusando discriminación arbitraria de precios y explotación abusiva, pero poco a poco también se irían retirando.
Desde ese mismo año que la compañía es controlada por el fondo estadounidense The Carlyle Group, que compró una participación mayoritaria a los empresarios Ricardo Duch y Óscar Fuenzalida, quienes permanecen en la empresa.
Correos eliminados
En octubre, otra arista se sumó al caso. María Pilar Morales, representante de ADR, ingresó una querella penal en contra de quienes resulten responsables por los delitos de acceso indebido a sistema informático, ataque a la integridad de datos, receptación de datos y fraude informático.
En ella, se relata que los empleados de uno de sus locales se percataron de que, a través de la aplicación TeamViewer, alguien ingresó a uno de los computadores y estuvo 90 minutos “exportando archivos e información desde el mismo, sin que se hubiese autorizado su ingreso de ninguna manera”.
Representada por el penalista Jorge Gálvez, Morales adjuntó un peritaje realizado por el Licrim (laboratorio conformado por exfuncionarios de la PDI) donde se sostiene que el ingreso fue realizado desde una dirección IP ligada al equipo informático de G&N.
La querellante asegura que terminaría percatándose de que se eliminaron algunos correos que le servían como respaldo ante un reclamo de intoxicación.
Consultada para este artículo, G&N Brands declinó hacer comentarios.
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