El mega incendio que este fin de semana destruyó centenares de viviendas en la comuna Viña del Mar y dejó más de 100 hectáreas totalmente consumidas por el fuego no dejó indiferente a nadie. Y no solo posicionó entre la opinión pública un proyecto de ley que prohíbe a las inmobiliarias la edificación en terrenos siniestrados, con el objetivo de "proteger la naturaleza" y prevenir "el crecimiento inorgánico de la ciudad", sino que también generó un pronunciamiento del Presidente Boric, quien afirmó que desde el Gobierno pondrán urgencia a la tramitación de la iniciativa.
Actualmente, la moción -ingresada en 2020 por el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez y que se encuentra en su primer trámite constitucional en el Congreso- establece para los casos de incendios que afecten a bosques, entre otros terrenos similares, la prohibición del cambio en el uso del suelo siniestrado, la solicitud y concesión de permisos de edificación en los terrenos afectados, y cualquier actividad incompatible con la recuperación de la cubierta vegetacional. Todo esto por, al menos, "30 años contados desde el cese del estrago".
Entre los fundamentos de la iniciativa se enfatiza la nula existencia de una normativa "dirigida a ordenar la reconversión o recuperación de terrenos afectados por incendios forestales", y recoge versiones que plantean que "ciertos incendios se provocan con un interés de expansión inmobiliaria, a pesar de estar prohibido y penado en nuestra legislación".
Pese a valorar en general el espíritu "positivo" de la moción, desde el sector privado no están de acuerdo con los argumentos planteados y sostienen que la falta de datos que respalden dicha hipótesis agrava el impacto que esta normativa podría tener en el desarrollo y conservación de las zonas afectadas.
Esa es la posición de los principales gremios del sector. "No nos haremos cargo de acusaciones sin fundamento. No existen antecedentes concretos que den cuenta de que luego de estos megaincendios se realizaran obras de reconstrucción en zonas afectadas por parte de empresas inmobiliarias", puntualizó el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Juan Armando Vicuña quien comentó a modo de antecedente que "tras uno de los mayores incendios de la historia de Valparaíso en 2014, cuando se quemaron más de 3.000 viviendas, ninguno de esos sectores afectados fue ocupado por proyectos inmobiliarios".
Al respecto, el directivo agregó que "todo incendio forestal debiera ser investigado para establecer sus causas y, si se determina que fue intencional, encontrar a los culpables y sancionarlos ojalá de forma ejemplar".
Vicente Domínguez, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), cuestionó el hecho de que la iniciativa parlamentaria "parte de la base de que las inmobiliarias provocaron un incendio, y eso es una especie de prejuicio".
"¿Tendrán antecedentes de inmobiliarias que provocan incendios? Yo no los conozco (...) Y si hay datos, bueno, que sanciones a los responsables. Pero si vamos a trabajar con rumores y suposiciones estamos mal parados", planteó.
Juicio de los expertos
La iniciativa "cuenta con un error conceptual grave al imponer un gravamen al dueño aun cuando no sea responsable del incendio, prohibiéndole subdividir, construir o destinar el inmueble a un objetivo distinto al que tenía antes del siniestro", señala Óscar Gajardo, experto en asuntos regulatorios y socio fundador del estudio Cuadra Gajardo. Agrega que el proyecto limitaría al dueño del predio "su derecho de propiedad, vulnerándose sus garantías constitucionales".
Además, el abogado comentó que "el legislador no puede comenzar del supuesto que el dueño o una inmobiliaria es responsable de un delito tan grave como un incendio". Y agregó que "en estos casos se debe modificar el código penal castigando únicamente al dueño que sea responsable del incendio con la pena correspondiente y una accesoria de prohibición de construir".
Por su parte, Montserrat Valverde, líder del área inmobiliaria del estudio Fontaine & Cía abogados, sostuvo que si bien "el espíritu del proyecto es bueno porque establece políticas de planificación territorial más robustas y ciertas limitaciones", existen puntos por aclarar pues, en su análisis, "no se entiende cuál es la aplicación o cómo se van a regular estas prohibiciones".
"Aplicar esto va a ser imposible porque no se entiende hacia dónde va. Se podría pensar en alguna reforma a la ordenanza y a la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de planificación territorial, que tenga por objeto crear resguardo y haya limitaciones para el uso de suelos urbanos en zona de riesgo", comentó la abogada.
"La verdad es que implica imponer más requisitos al desarrollo de la actividad inmobiliaria de una forma que no es la adecuada. Siempre parten por las inmobiliarias como si fueran verdaderamente las que tienen la culpa de todo. Y el problema no es del que aprovecha la oportunidad, sino del que te la da", dice, y apunta a la existencia de "un marco legal que no está pensado en proteger este tipo de situaciones", agregó Valverde.
Protección a comunidades y vegetación
Desde la otra vereda, la concejala de Valparaíso Camila Nieto -una de las redactoras del proyecto- defendió la moción parlamentaria y aclaró que "no busca atribuir responsabilidad por hechos ilícitos, para eso está la Fiscalía, y los procesos judiciales en donde un juez sentenciará si tienen o no responsabilidad".
"El objetivo es "actuar en resguardo de comunidades y de la naturaleza, dando tiempo a la restauración y frenando el crecimiento inmobiliario a costa de la quema de territorios, independientemente de su causa e intencionalidad", sostuvo. Y explicó que la prohibición de construir o levantar proyectos inmobiliarios distintos de la reconstrucción de las viviendas afectadas "ayudará a desincentivar el uso de los incendios para hacer despeje y avance de proyectos que cuentan con oposición social o cuya materialización tiene impedimentos".
"Es un avance en la materia, ya que busca darle tiempo a la tierra que se ha quemado para que se pueda restaurar, lo cual se traduce en una prohibición de realizar actividades que sean impedimento para la recuperación vegetacional", dijo.
Asimismo, la concejala detalló que, de aprobarse el texto, uno de los beneficios concretos sería el resguardo de "los pocos ecosistemas que van quedando en las zonas urbanas y periurbanas" y la protección a "las comunidades que viven cerca de los lugares en los que posiblemente se puede proyectar una inversión, ya que se genera un desincentivo de utilización del fuego".
"Si bien la moción abarca una importante arista de los incendios, se hace urgente que se materialice de forma inmediata un Plan de Prevención de Incendios para la V Región que implique recursos directos y planificación de acciones que prepare a las comunidades para enfrentar una temporada que estará marcada por la sequía y las altas temperaturas", comentó.
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