La industria salmonera está en alerta. En los últimos días ha intensificado su ofensiva contra uno de los artículos del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que busca excluir las actividades de cultivos de especies hidrobiológicas exóticas en todas las categorías de áreas protegidas del país, proyecto que justamente será votado este lunes en la Comisión Mixta.
Las firmas afectadas no sólo se han manifestado a través de marchas y vocerías. Hace algunos días, la presidenta del Consejo del Salmón -gremio integrado por las empresas más grandes de la industria acuícola-, Loreto Seguel envió una carta a los senadores y diputados ilustrando los efectos que tendría esta ley en la salmonicultura, la segunda industria exportadora de Chile y, ayer hizo lo suyo SalmonChile, que a través de su presidente, Arturo Clément emitió un comunicado apuntando a los efectos "que no explica" el gobierno en su proyecto.
“El gobierno argumenta que esta ley no es retroactiva, que entrega certeza a la industria ya instalada en áreas protegidas y que permite que aquellos procedimientos actualmente avanzados puedan finalizar su tramitación. Sin embargo, no explica que hay cerca de 100 concesiones en áreas protegidas que van a caducar en los próximos 15 años y que no van a poder ser renovadas. Tampoco explica que las 300 relocalizaciones, que han estado pendientes por 12 años, no tendrán espacio alguno para ser relocalizadas”, puntualizó Clément.
Justamente estas cifras, son las que detalla en profundidad la misiva que el Consejo del Salmón envió a los parlamentarios la semana pasada y que se basa en información entregada por Subpesca en el año 2022. De acuerdo a sus estimaciones, la iniciativa del Ejecutivo afectaría a 431 concesiones de acuicultura de salmones en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, lo que representa el 32% del total de concesiones de salmones emplazadas en estas zonas.
A pesar de que este proyecto de ley permite a las concesiones que están dentro de las áreas protegidas su permanencia en la zona hasta la posibilidad de relocalizarse, el Consejo del Salmón destaca que desde el año 2010 han ingresado a trámite en la Subpesca más de 350 solicitudes de reubicación.
Sin embargo, en la práctica, no se ha podido concretar ninguna relocalización durante estos últimos años, hay 259 solicitudes en trámite y en algunas regiones ni siquiera se están entregando permisos acuícolas.
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Efectos económicos
Según la asociación gremial, la aprobación del SBAP significaría la extinción de cientos de concesiones de salmonicultura, lo que traería un significativo impacto social y económico en la macrozona sur austral del país, ya que esta industria representa el 18% del Producto Interno Bruto (PIB) de dichas regiones y genera más de 70 mil empleos en la zona.
Además, las empresas asociadas al rubro aportaron más de $8 mil millones en recursos a las comunas salmonicultoras mediante patentes, contratando a más de 3.500 compañías proveedoras de la zona - 72% de ellas corresponden a pequeñas y medianas empresas- que podrían verse afectadas por el nuevo proyecto de ley.
De ahí el llamado de Loreto Seguel para que los parlamentarios "consideren los argumentos ya esgrimidos, a fin de evitar la aprobación de normas que significarán la extinción de cientos de concesiones de salmonicultura con el consiguiente impacto social y económico en la macrozona sur austral de Chile".
SalmonChile, por su parte, remató señalando que se trata de un proyecto que "sí genera incertidumbre; sí afecta al empleo, a proveedores, a pymes, a emprendedores y a la cadena de valor de este sector; sí afectará gravemente al desarrollo productivo del país y particularmente del sur austral. Esto es compartido por los trabajadores de la salmonicultura que se han manifestado desde el viernes en Puerto Montt, Quellón y Puerto Natales, entre otras ciudades, en contra de una mala política pública. Es muy emocionante su apoyo, porque entienden que queremos políticas públicas que respondan a la gente de trabajo, a la gente del sur”.
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