El pasado 19 de mayo, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) autorizar la exhibición de una serie de documentos asociados a la investigación por colusión que, desde 2022, involucra a altos mandos de las tres mayores operadoras de casinos físicos en el país: Dreams, Enjoy y Marina del Sol.
En concreto, la Fiscalía solicitó el acceso a diversos comprobantes de transferencias, cartolas bancarias, liquidaciones de sueldos, finiquitos, balances personales, declaraciones de renta y agendas o calendarios ligados a personas como Claudio Fischer, dueño de Dreams; Jaime Wilhelm, exgerente general de Dreams; Claudio Tessada, exCFO de Dreams; y Henry Comber, expresidente de Enjoy. Esto, además de antecedentes financieros como balances y transferencias de propiedades, entre otros, ligados a Enjoy y Dreams.
Este jueves, finalmente, el TDLC se pronunció respecto de la solicitud y descartó tajantemente dar luz verde a la entrega de información solicitada sobre Fischer y Comber.
No obstante, sí autorizó a la FNE a acceder a comunicaciones sobre un presunto bono de $ 1.400 millones, al peritaje informático de su teléfono y al documento “Boletas de garantía para los 12 proyectos”, ligados a Wilhelm; y a la exhibición de comunicaciones escritas entre ejecutivos relativas a un bono de $ 840 millones, documentos de negociación con Mallplaza y comunicaciones con Cencosud sobre el Portal Osorno, en el caso de Tessada.
Sobre los casinos, el TDLC autorizó la exhibición de documentación relativa a comunicaciones de bonos y documentos de “Bono Fusión” y “Bono Anual”, en el caso de Dreams; y de cartolas bancarias, estados financieros, transferencias de propiedades inmobiliarias, el acuerdo de fusión con Dreams y documentos de los clean teams, en el caso de Enjoy.
Entre los motivos para no permitir a la FNE acceder a los documentos denegados, el Tribunal argumentó que “el que la FNE pretenda utilizar la diligencia de exhibición de documentos como sustituto de las potestades públicas de esclarecimiento que el ordenamiento le entrega durante la investigación de potenciales ilícitos, con el objeto de agregar prueba de su acusación, no resulta compatible con el procedimiento regulado”.
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