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REGÍSTRATE AQUÍLa decisión vino después de una solicitud de Marina del Sol, que cuestionó las bases del procedimiento.
Por: Martín Baeza
Publicado: Viernes 12 de junio de 2026 a las 13:40 hrs.
A principios de junio, Marina del Sol -operadora de casinos ligada a la familia Imschenetzky- ingresó una consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para que se examinara el proceso de licitación de los casinos de Iquique, Viña del Mar, Pucón y Coquimbo, a los que Enjoy y Dreams renunciaron en 2025.
La firma sostuvo que las bases podían incumplir el estándar de neutralidad competitiva exigible en procesos de asignación de derechos exclusivos y, por ende, generar riesgos anticompetitivos.
En específico, solicitó suspender el procedimiento en Viña del Mar, debido a que se dio un plazo máximo de tres meses para poner en marcha el casino una vez adjudicado, lo que, argumentó, es imposible materialmente.
"Instalar más de 1.500 máquinas de azar, 100 mesas de juego, un sistema de CCTV con más de 900 cámaras y el conjunto de equipamiento necesario en un plazo de tres meses configura una barrera a la entrada que, por sí sola, limita injustificadamente la competencia ex ante en los términos de la jurisprudencia reiterada de este H. Tribunal", planteó.
Y, agregó, "la medida solicitada es, además, necesaria para impedir eventuales efectos negativos e irreversibles sobre la competencia, toda vez que el permiso de operación de casino de juego constituye un activo regulatorio exclusivo, indivisible y de duración prolongada (15 años). Y, una vez adjudicado, no existe mecanismo que permita revertir la asignación sin costos significativos para el sistema".
Este jueves, el TDLC accedió a la solicitud y ordenó suspender el procedimiento de otorgamiento del permiso de operación de casino de juego en la comuna de Viña del Mar convocado por la Superintendencia de Casinos de Juego.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.
La AFC advirtió que el cambio reducirá los recursos que gestionará y, con ello, sus ingresos. María Paz Hidalgo explicó que, ante modificaciones legales anteriores, estas compensaciones se han pagado con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.