Una tarea muy complicada es la que tienen por delante los ejecutivos de Andes Iron, quienes luego del rechazo por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de la Región de Coquimbo a su proyecto Minera Dominga, anunciaron que irán al Comité de Ministros en busca de revertir esta decisión.
Y es que en un recuento de las decisiones que ha tomado este organismo durante los últimos cuatro años, se puede comprobar que en tan sólo el 9% de las ocasiones se ha logrado revertir las decisiones que a nivel local se toman respecto de los Estudios o Declaraciones de Impacto Ambiental.
Desde el 2013 han sido 55 los recursos admitidos por parte el Comité, siendo casi en su totalidad reclamaciones. Dentro de este total, sólo en cinco ocasiones las solicitudes fueron finalmente acogidas por el Comité, mientras que en otras 16 la respuesta también fue positiva, pero se agregaron nuevas condiciones por cumplir por parte del titular del proyecto.
Por el contrario, y con una mayoría abrumadora, en 36 ocasiones fueron rechazadas las solicitudes ingresadas, manteniendo de manera íntegra el dictamen que había sido emanado desde un comienzo por parte la CEA.
Las cifras exhibidas en las actas del Servicio de Evaluación Ambiental ponen cuesta arriba el futuro inmediato del proyecto impulsado por Andes Iron, compañía que es controlada por las familias Délano Méndez y Garcés Silva, con un 80% y 15%, respectivamente, y gestores de la iniciativa, donde pretenden construir una faena de hierro que implicaría inversiones sobre los US$ 2.500 millones, ubicada en la comuna de La Higuera.
¿El punto a favor? Los informes favorables que recibió Dominga en la última etapa de evaluación ambiental.
La orgánica del Comité
Según está consignado actualmente en la Ley N° 19.300, tanto el titular como quienes hubieren formulado observaciones al Estudio de Impacto Ambiental de un determinado proyecto, cuentan con un plazo de treinta días para ingresar sus solicitudes ante el Comité de Ministros, el cual se compone por el ministro del Medioambiente -quien preside la instancia-, y los titulares de Salud, de Economía, de Agricultura, de Energía y de Minería.
En el caso del proyecto Minera Dominga este plazo aún no comienza a correr, a pesar de que fue resuelto el pasado jueves. La razón es que el Servicio de Evaluación Ambiental debe comunicar formalmente a los controladores la decisión de la comisión evaluadora, para lo que no existe un plazo establecido en la normativa, aunque según trascendió, este trámite no pasaría de esta semana.
Luego de presentado el requerimiento, el organismo resolutivo cuenta con un plazo que va entre los 30 y 60 días hábiles para emitir su decisión respecto a las solicitudes que realice la empresa. La próxima sesión de este grupo es el 27 de marzo, por lo que lo más probable es que su revisión sea posterior a esta fecha.
No obstante, el trámite incluso se podría seguir extendiendo aún por varios meses más, ya que por una parte, el Comité de Ministros cuenta con la facultad de solicitar nuevos estudios en los que se detallen los elementos en discordancia, tal como ocurrió en 2014 con el caso de HidroAysén, proyecto que había sido aprobado a nivel regional, pero luego fue revertido en esta instancia política.
Finalmente, y cualquiera sea la resolución de esta instancia, los interesados pueden ir a los Tribunales Ambientales, quienes finalmente terminarán por decidir el futuro de del proyecto.
"eSTO AFECTA INSTITUCIONALIDAD"
El diputado y actual vicepresidente de la Democracia Cristiana, Matías Walker, acusó la semana pasada a su correligionario, el ministro del Interior, Mario Fernández, de haber incidido en la votación que terminó siendo resuelta sólo con el voto del Intendente Claudio Ibáñez.
Consultado, la autoridad sostuvo que "mantengo todo lo que dije y lo reafirmo, lamento mucho por la Región de Coquimbo y de sus autoridades, que este proceso haya estado contaminado por factores políticos y por presiones", haciendo directa alusión al cambio de opinión de algunos seremis que contaban con estudios favorables, pero que terminaron votando en contra del proyecto.
Walker agregó que "esto afecta a la institucionalidad ambiental y a la imagen del país como destino de inversión tanto nacional como internacional".
Respecto al proceso ante el Comité de Ministros, el legislador anunció que fiscalizará activamente que se cumpla la normativa ambiental y que espera que el proyecto no se vea influenciado por factores políticos.
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