Minería

Tribunal admite a trámite acción judicial para anular permiso ambiental de Minera Dominga

La arremetida fue liderada por la excandidata a constituyente Nancy Duman Brito. Pide que proyecto sea evaluado por el SEA.

Por: | Publicado: Miércoles 5 de octubre de 2022 a las 04:00 hrs.
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El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta admitió a trámite un recurso de nulidad de derecho público que busca invalidar la favorable calificación ambiental del proyecto minero-portuario Dominga. La arremetida judicial fue liderada por la ex candidata a constituyente Nancy Duman Brito, representante de la ONG alemana Sphenisco, dedicada a la preservación del pingüino de Humboldt.

Dominga, propiedad de Andes Iron, considera una inversión de más de US$ 2.500 millones para construir una mina de hierro y cobre, así como un puerto asociado, en la comuna de La Higuera, Coquimbo. Pese a contar con una favorable Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), el proyecto enfrenta diversas acciones judiciales y debe ser visto por el Consejo de Ministros, presidido por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, posiblemente en los últimos meses de 2022.

La acción interpuesta esta semana pretende demostrar una ineficacia o irregularidad jurídica en el procedimiento llevado a cabo por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo. Argumentó que el espacio territorial involucrado en el proyecto corresponde al de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, que no solo contemplaría la Región de Coquimbo, sino también la Región de Atacama, situación por la cual la inversión debió ser evaluada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y no por la autoridades regionales.

“La Reserva Nacional Pingüino de Humboldt constituye un ecosistema único, indivisible, territorialmente infragmentable”, sostuvo el escrito. Por esto, arguyó, los evaluadores de la Región de Coquimbo debieron haberse abstenido de seguir conociendo el proyecto hasta esperar el pronunciamiento del nivel central debido a lo que sería “una evidente birregionalidad ambiental” de la iniciativa. Además, se sostiene en el escrito que el Estado y particularmente el SEA deben “tener una posición garante respecto de los territorios y ecosistemas con valor ambiental”.

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