En 2018, en su visita a Chile, Francisco I se hizo blanco de críticas por defender al entonces obispo de Osorno, Juan Barros, que estaba acusado de encubrir los abusos sexuales de Fernando Karadima. Tres meses después, el Papa pidió disculpas, acusó haber recibido información errónea sobre el caso y pasó a la acción: convocó a los 34 obispos chilenos a Roma y, tras esa citación, todos ofrecieron su renuncia al Sumo Pontífice.
Fue algo “absolutamente inédito”, recuerda la especialista en Derecho Canónico y directora del Centro UC Derecho y Religión, María Elena Pimstein
La experta sostiene estar segura de que “cuando se revise la historia de su pontificado, la visita que hizo a Chile y las consecuencias de ella van a tener un lugar importante (...) Tiene que haber sido desolador para el Papa”.
La relevancia de esta visita no radica en la polémica, sino en las medidas que tomaría Francisco para combatir los abusos en la Iglesia.
“En su pontificado se pone decididamente el tema sobre la mesa, a las víctimas en el centro y se toma conciencia de la envergadura del daño”, dice.
Medidas concretas
Pimstein -que además de haber sido secretaria general de la UC también se desempeñó como auditora del Tribunal Nacional Eclesiástico de Apelaciones, asesoró internamente al Departamento Jurídico del Arzobispado de Santiago y participó en un consejo de prevención de abusos y acompañamiento a víctimas de la Conferencia Episcopal- señala que el Papa, en 2021, concretó una reforma clave que modificó el 70% de un libro del Código de Derecho Canónico.
Con esa decisión, explica, estableció nuevos delitos y penas, entre las que resalta que ahora no solo los clérigos pueden ser sancionados por delitos contra el sexto mandamiento -relacionado a los actos impuros-, sino que cualquier religioso o laico que ejerza una función en la Iglesia.
“Eso es muy importante, porque en la raíz del abuso sexual hay uno espiritual, de poder, en que el abusador usa la religión de Dios para estar dotado de un ‘manto de confianza’ y cometer el delito sin levantar sospechas”, esgrime Pimstein. Agrega que en esa misma línea también se incorporó a los mayores de edad en situación de vulnerabilidad -que puede ser transitoria y física o espiritual- como posibles víctimas de abuso.
Asimismo, destaca que, en 2016, el Papa Francisco permitió la remoción de obispos negligentes, por ejemplo, en la investigación de abusos; y que, en 2019, levantó el secreto pontificio de los delitos contra el sexto mandamiento con menores de edad.
“Dicho secreto suponía que no se podía divulgar una denuncia o investigación en contra de un sacerdote para no lesionar ilegítimamente la buena fama de todos los involucrados. Esto es muy significativo, porque cuando el Ministerio Público aquí en Chile pedía información sobre procesos canónicos, no se podían entregar esos antecedentes porque estaban bajo secreto pontificio. Y quien viola el secreto pontificio comete un delito canónico”, sostuvo Pimstein.
También, subrayó que, en 2024, creó una comisión de estudio para “tipificar el delito de abuso espiritual, que está en la raíz de todos los demás delitos”.
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