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REGÍSTRATE AQUÍJulio Velarde reconoció que podría tener efectos sobre la confianza de privados.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 19 de julio de 2018 a las 04:00 hrs.
El presidente del Banco Central de Reserva (BCR) de Perú, Julio Velarde, aseguró ayer que la actual crisis en el sistema de justicia del país-tras conocerse audios en que miembros del Consejo Nacional de Magistratura participaban de tráfico de influencias-, desalentará a inversionistas que buscan seguridad jurídica.
Sin embargo, consideró que la situación no impactaría el crecimiento económico. “Creo que la crisis en el sistema judicial no afectará a la economía. Obviamente es terrible (...) Desgraciadamente para algunas inversiones, no tener un sistema jurídico predecible es factor que desalienta” cuando Perú busca compararse con “Nueva Zelanda o muchos países de América Latina”.
Consultado si es que las filtraciones de audios que revelan presuntos actos de corrupción en la Magistratura podría compararse con el caso Lava Jato en Brasil, Velarde consideró que no.
“No lo veo así. El caso Lava Jato paralizó el sector construcción y las obras públicas. No es nuestro caso. Nos disgusta y nos ha causado una repulsión grande, pero no como para afectar severamente el crecimiento de la economía peruana”, precisó.
El máximo representante del ente emisor precisó que entre los agentes económicos hay un rechazo lógico a la crisis que podría desalentar la inversión. En tanto, consideró que la crisis podría tener muy poco impacto sobre la inversión pública.
En medio del escándalo, el presidente peruano, Martín Vizcarra, anunció ayer que esta semana estará llevando a cabo la juramentación del nuevo ministro de Justicia, luego que el pasado viernes se confirmara la renuncia de Salvador Heresi al cargo.
Hasta el momento, no se conoce el nombre específico del reemplazo.
En 12 meses, la tasa de desocupación registró una variación de 0,6 puntos porcentuales (pp.), debido al alza de la fuerza de trabajo (0,6%) y la nula variación de las personas ocupadas, informó el INE.
Según el CEO Luis Sepúlveda, muchas compañías están recurriendo únicamente a abogados para enfrentar la regulación, sin incorporar aún la capa tecnológica necesaria para cumplir en su totalidad con la regulación que entra en vigencia en 2026.