Por Jude Webber, Buenos Aires
A medida que crecen las presiones económicas en Argentina, la presidenta Cristina Fernández debe estar agradecida de que las islas Falkland (Malvinas en Argentina) realicen un plebiscito soberano el domingo y lunes.
Que las islas son legítimamente argentinas está fuera de toda disputa en Buenos Aires. De modo que el referendo -incluso con su inevitable conclusión pro-británica- entrega una distracción de los urgentes problemas domésticos que no tienen una solución rápida, como el hecho que el país cayó en 2012 a su primer déficit fiscal primario desde 1996.
La invasión de la junta militar a las islas en 1982 fue en sí misma un esfuerzo de distracción de los problemas económicos domésticos. Y después de ganar una segunda elección en 2011, la aprobación de Fernández ha bajado a un estimado entre 35% y 40%.
Su gobierno está encantado por la posibilidad de que una corte estadounidense pueda calmar el escenario de un segundo default potencial en un poco más de una década. La semana pasada, la corte parecía estar dispuesta a entretener las sugerencias de Argentina en su batalla de doce años con los llamados holdouts (los acreedores que no participaron en los canjes).
En la apertura anual del Congreso la semana pasada, Fernández colocó otras dos iniciativas a la luz pública: un acuerdo con Irán para investigar un ataque explosivo en un centro judío en Buenos Aires en 1994 y un plan para “democratizar” el poder judicial a través de la elección directa de los miembros del Consejo de la Magistratura.
Pero existe un gran esqueleto en el clóset que esas distracciones no pueden esconder. “Todo lo que dice Cristina sobre las islas, el acuerdo con Irán y la magistratura, no tienen nada que ver con los dos problemas que parecen estar al tope de las encuestas de opinión, como las principales preocupaciones de la gente: el crimen y la inflación”, dijo Joaquín Morales Solá, escritor de una columna en el diario opositor La Nación.
El gobierno ha congelado los precios en los supermercados y muchos bienes de consumo hasta el 1 de abril, y está buscando mantener las alzas de sueldos en un 20%.
Esto, pese al hecho de que se cree ampliamente que la inflación está en un 26% y creciendo. La supuesta manipulación de las cifras oficiales hicieron que el Fondo Monetario Internacional censurara al país.
Laurence Allan, de la consultora IHS Global Insight, afirmó: “es bastante obvio que Cristina está haciendo todo lo que puede para evitar hablar sobre estos temas, pero el congelamiento de precios y negociaciones de salarios indican que están intentando hacer algo para confrontarlos”.
Mientras, los controles a las divisas impuestos hace casi 18 meses virtualmente han matado el acceso público a los dólares, provocando un salto en la tasa del mercado negro a 50% más alta que el nivel oficial. Es probable que las finanzas públicas se erosionen aún más, a medida que el galopante gasto público se acelera previo a las elecciones de octubre, que son cruciales para los planes que Fernández tiene de reformar la constitución para diseñar un tercer período.
El descontento está creciendo. Tanto Fernández como su vicepresidente fuero abucheados recientemente. Los líderes sindicales de oposición están planeando una huelga para el 14 de marzo y los agricultores, hartos de la alta inflación, de los altos aranceles de exportación y de una tasa oficial de dólar sobrevaluado, están considerando una prohibición potencialmente dañina sobre las ventas de granos.
Pero tal como Fernández ha buscado imponer su voluntad sobre los holdouts y las Malvinas, nadie espera un relajo en los controles cambiarios, una acción correctiva sobre la inflación o una moderación en el gasto público. En vez de eso, ella estuvo esta semana alabando el legado de Hugo Chávez y manteniendo la atención enfocada en temas en los que puede buscar dividir aún más a la oposición, aunque estas no son las prioridades de los votantes.
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