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REGÍSTRATE AQUÍPor: Cronista, Argentina
Publicado: Lunes 30 de diciembre de 2019 a las 15:58 hrs.
El juez Claudio Bonadio envió a juicio oral a Cristina Fernández de Kirchner en la causa que investiga la supuesta cartelización de la obra pública durante la anterior etapa del kirchnerismo. Se trata de una de las causas desprendidas del caso que se inició por las anotaciones del chofer Oscar Centeno.
Además de Cristina Kirchner, irán a juicio otras 51 personas, entre las que figuran el ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el financista Ernesto Clarens. También afrontarán el debate numerosos empresarios acusados de pagar las coimas que habrían terminado financiando campañas políticas.
Entre estos aparece el primo del ex presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, así como los empresarios Aldo Roggio, Gerardo Ferreyra, Cristóbal López, Juan Chediack, Carlos Román, José Cartellone y Carlos Wagner.
Según Bonadio, quedó acreditada la existencia de "una maquinaria de corrupción que, a nivel nacional, se instaló desde el comienzo mismo de la presidencia de Néstor Kirchner, permaneciendo enquistada en nuestra República Argentina, sin solución de continuidad, durante más de doce años".
"Se organizó un esquema de recaudación ilegal de dinero, a través del cual se procedió a digitar la adjudicación de las licitaciones de las obras públicas civiles", detalló el magistrado.
El secretario de Estado planteó que “el diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas”.
La entidad dijo tener “plena certeza” que, con una serie de medidas adoptadas, podrá continuar desarrollando su negocio “con el fin de generar una recuperación importante para sus acreedores”.
El ente persecutor presentó un informe ante el TDLC que cuestiona los pilares del sistema de contratación de obras del ministerio: la prohibición de inscripción de empresas relacionadas, las reglas de subcontratación y la ausencia de mecanismos de resolución de conflictos.
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