La Ley de Fraudes continúa generando dolores de cabeza en la banca. El martes, el asunto fue abordado en la comisión de Hacienda del Senado luego que el Gobierno se abrió a realizar una serie de modificaciones.
Ahora, este jueves la Asociación de Bancos (ABIF) publicó un informe en que proyectó que la industria deberá pagar cerca de US$ 350 millones en fraudes denunciados por parte de los clientes en los últimos 12 meses.
Los datos reportados por el gremio apuntan que el número de usuarios que ha denunciado fraudes sigue en aumento, alcanzando las 250 mil personas en el primer semestre de 2023, cifra que representa un aumento de 130% respecto a igual semestre del año 2022.
Frente a estas cifras, la entidad presidida por José Manuel Mena denunció que “al amparo de la ley, han proliferado organizaciones que han abusado masivamente del sistema a través del auto fraude, incluso invitando a través de redes sociales a participar de esta actividad delictual”.
Esta situación también fue reportada por BancoEstado. La entidad estatal exhibió el martes en el Congreso que hasta noviembre de 2023 pagó más de US$ 120 millones por reclamos formulados, reduciendo el aporte al Fisco en el mismo monto.
La ABIF mencionó que el mal diseño de la Ley de Fraudes -que fue impulsada por el senador (RN) José Manuel Ossandón y por lo exparlamentarios Lily Pérez y Eugenio Tuma-, “ha llevado incluso a comprometer la seguridad física en las sucursales, con amenazas de las bandas delictuales a los funcionarios bancarios ante el cierre o bloqueo de cuentas empleadas para cometer auto fraude”.
Críticas
La Asociación aprovechó el informe para deslizar críticas a las reformas que impulsa el Gobierno sobre esta materia. Para la banca, “no corrigen los problemas estructurales de una mala ley. El proyecto no cambia el estándar probatorio, aun cuando la Corte Suprema destacó en su informe a este proyecto de ley que la mantención del estándar probatorio es contradictoria con los fundamentos del propio proyecto”.
Cabe recordar que la Ley de Fraudes estableció un régimen de limitación de responsabilidad en los casos de extravío, hurto, robo o fraude en medios de pago y zanjó que el estándar probatorio para delimitar la responsabilidad del emisor es dolo o culpa grave.
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