El caso FinCEN ha puesto en el debate público la efectividad de las políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo por parte de la banca global. La discusión a nivel internacional se ha centrado en las fallas en el sistema regulatorio y los aspectos a mejorar.
En el caso de Chile, los bancos cuentan con diversas políticas de prevención de lavado de activos.
El Banco Santander cuenta con un comité de análisis y resolución que se reúne de manera mensual y que tiene como objetivo “definir y controlar el cumplimiento de las políticas, normas y objetivos generales y específicos en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo”. La instancia la preside el director del banco, Juan Pedro Santa María, y los directores Óscar von Chrismar y Lucía Santa Cruz.
En Banco de Chile la figura clave es Felipe Echaiz, quien es gerente de la División Global de Cumplimiento. El ejecutivo tiene una vasta experiencia en la materia.
La firma tiene un comité que vela por estos temas, que se reúne trimestralmente y lo componen tres miembros del directorio. Adicionalmente, se incluye al gerente general, el fiscal, el gerente general de Banchile AGF, el gerente División de Operaciones y Tecnología, su par de Contraloría, y el gerente de la División Global de Cumplimiento y el gerente del Área de Prevención de Lavado de Dinero.
BancoEstado capacitó en 2019 a 3.728 trabajadores en prevención de lavado de activos. El año pasado recibieron 111 denuncias sobre la materia, disminuyendo 28% respecto de 2018. El presidente del comité a cargo del tema es el director Edmundo Eluchans y además lo integran el presidente de la entidad, Sebastián Sichel; el vicepresidente, Pablo Correa; el gerente general, Juan Cooper y la fiscal, Isabel Margarita Cabello.
Actualizaciones periódicas
Desde Bci destacaron que la integridad es uno de sus principales valores corporativos, "por ello contamos con altos estándares éticos y de transparencia, una estricta política de prevención y un modelo de prevención y detección de delitos".
La entidad financiera ligada a la familia Yarur detalló que cuentan "con una gerencia de Cumplimiento Corporativo y Prevención cuya principal responsabilidad es implementar medidas para detectar, monitorear y reportar operaciones inusuales y sospechosas que pudieran estar vinculadas con posibles casos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y todos los delitos considerados en la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas".
El banco explicó que estas medidas son transversales para toda la organización considerando procesos que integran las tres líneas de defensa. "La prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es una actividad dinámica que debe ajustarse permanentemente a los riesgos emergentes en estas materias, por lo que tanto nuestros modelos de prevención como dichas políticas son actualizados periódicamente, incorporando mejores prácticas del mercado y directrices de los reguladores, tanto en Chile como en el extranjero, en un proceso de mejora continua".
Medición internacional
De acuerdo a la evaluación de riesgo que realizó la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el país presenta un alto riesgo de lavado de activos asociados al narcotráfico, corrupción y trata de personas.
Al analizar cómo se encuentra Chile a nivel internacional, el índice de antilavado de dinero que publicó el Instituto de Gobernabilidad de Basilea arrojó que el país tiene el menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en América Latina y el Caribe.
Si bien el reporte no da recomendaciones específicas, advirtió que los principales problemas de la región son “altos niveles de corrupción y soborno, bajos niveles de transparencia financiera y poca transparencia pública y rendición de cuentas”.
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