Uno de los mayores temores de la banca se materializó ayer. Esta vez no fue la ciberseguridad, ni las exigencias de Basilea III, y tampoco la tasa máxima convencional: el gobierno ingresó un proyecto de ley que posterga las cuotas de créditos hipotecarios.
Si bien uno de los temas que ha centrado la discusión política en los últimos días es la reforma previsional y el retiro del 10% II, en paralelo, la oposición había ido alineando a sus parlamentarios para exigir la tramitación de una iniciativa presentada por éstos con la idea de postergar todas las cuotas de los créditos.
El gobierno evitó abrir más frentes y retrucó presentando en la Cámara de Diputados una versión 2.0 de la versión inicial de la oposición. El objetivo de la iniciativa es que las personas puedan diferir los pagos de sus préstamos hipotecarios que mantienen con los bancos, cooperativas de ahorro y crédito, administradores de mutuos hipotecarios y compañías de seguros.
Crédito de postergación
El proyecto está enfocado en los deudores que no han podido acceder a una postergación de cuotas de créditos hipotecarios por los mecanismos que implementaron los bancos una vez que inició la crisis y que algunas entidades mantienen hasta ahora.
El mecanismo planteado por el gobierno para que se puedan diferir cuotas establece la creación de un “crédito de postergación”, con el que se pagarán las cuotas reprogramadas.
Las entidades acreedoras podrán otorgar este préstamo a sus deudores hipotecarios, cuando estos los soliciten, para lo que habrá un plazo de dos meses desde que entre en vigor esta legislación.
El “crédito de postergación” no estará sujeto al pago del impuesto de timbres y estampillas, podrá solicitarse de manera electrónica y no tendrá un interés superior al del crédito hipotecario original, por lo que no implicaría mayores costos para los que opten por esta vía.
Adicionalmente, con el objeto de incentivar la oferta y la contratación de “créditos de postergación”, el proyecto establece que dichos contratos serán garantizados por la hipoteca original del préstamo. Además, contará con una nueva garantía estatal, la que será otorgada por el Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios (Fogape).
Costo fiscal
El Informe Financiero del proyecto señala que la iniciativa no genera un impacto en las arcas fiscales. Eso sí, debido a las garantías estatales que se establecen, se podrían generar préstamos incobrables, los que se cargarán al Fogape.
En ese caso, dice el reporte, y en un eventual escenario donde un 25% de la cartera garantizada llegase a convertirse en incobrable, el costo para el Fondo sería de $ 21.951 millones, por el período de vigencia de la garantía. Dado que el Fogape constituye un patrimonio separado, el cobro de las garantías no tendría efecto en los recursos del Fisco.
Con todo, la capitalización del Fondo por US$ 3 mil millones que realizó el gobierno en abril, inyección que tenía por objetivo el financiamiento de las PYME a través de la línea de crédito Covid-19, sería suficiente para pagar las garantías, indica el informe.
Reacción de la banca y el Congreso
Tras conocer el detalle de la iniciativa, la Asociación de Bancos (Abif) recordó que “por cada 10 pesos que la banca presta, 9 provienen de depositantes y ahorrantes. Por lo anterior, cualquier proyecto de postergación de cuotas debe contar con una fuente de financiamiento clara, garantías que absorban el riesgo, así como un marco normativo de la CMF coherente para poder implementarlo”.
El presidente de la comisión de Economía, diputado DC, Pedro Velásquez, criticó el proyecto, acusando que le entrega más poder a los bancos. “Es una fórmula que no tiene ningún sentido, ya que el Estado, como siempre, tiene que respaldar los créditos y le está entregando esta facultad a los bancos para que otorguen nuevos préstamos para pagar los dividendos”, dijo el parlamentario.
Su par de RN, Sofía Cid, por el contrario, señaló que la iniciativa es positiva para los deudores. “Hay postergación de los dividendos, pero con garantías estatales. Creo que eso es mucho más potente, porque le da seguridad al sector financiero y apoya a las personas que han visto cómo disminuyen sus ingresos”, indicó la diputada. “Imagino que este proyecto debería despacharse rápido. Nadie podría estar en contra de la postergación de dividendos con garantías estatales”, añadió.
De acuerdo con datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), hasta el 28 de agosto los bancos habían realizado operaciones de diferimiento de cuotas de créditos hipotecarios a 337.872 clientes, lo que corresponde a un 28,1% sobre el total de la cartera.
La institución que más ha postergado cuotas ha sido Santander, con 90.137 reprogramaciones, lo que equivale al 44,7% de su cartera, mientras que le sigue BancoEstado con 85.457 operaciones cursada, lo que representa un 19%.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
gobierno
