Lo ocurrido en la administradora Aurus, y la adulteración de resultados de las inversiones de dos de sus principales fondos, está golpeando fuerte a la industria.
No sólo porque en este caso -a diferencia de otros escándalos financieros-, se trata de una entidad y fondos regulados, supervisados por la Superintendencia de Valores, y con socios reconocidos a nivel de mercado; sino, también, porque deja al descubierto el vacío que dejó la entrada en vigor de la Ley Única de Fondos (LUF), publicada a comienzos de 2014.
Esto debido a que a partir del nuevo marco legal, los comités de vigilancia sólo fueron obligatorios para los fondos cuyas cuotas no sean rescatables. Sin embargo, para los rescatables -categoría donde caen Insignia y Global-, éstos ya no fueron una exigencia, al quedar derogada la ley 18.815, que regulaba los fondos de inversión.
¿Y qué era lo que vigilaban? justamente, las materias relativas a las inversiones.
El rol que jugaba
Según la derogada ley, que dicho sea de paso también eliminó la obligación de realizar asambleas periódicas de aportantes, el comité de vigilancia, compuesto por representantes de los inversionistas, tenía como tarea comprobar, entre varios aspectos, que la información para los aportantes fuera suficiente, veraz y oportuna; y constatar que las inversiones, variaciones de capital u operaciones del fondo se realizaran de acuerdo a la ley y del reglamento interno del instrumento.
Y para poder realizar todo lo anterior, contaban además con un presupuesto para contratar los servicios necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
Es decir, al suscitarse alguna controversia, el comité de vigilancia habría sido informado y constatado de las variaciones de capital, aseguran fuentes del mercado.
Cabe recordar que según información publicada este fin de semana, Compass Group, compañía que llevaba el proceso de backoffice de los fondos, realizó comentarios respecto a ciertos datos que no cuadraban.
¿Quién era su contraparte? el ex gerente de inversiones de Aurus, Mauricio Peña, quien reconoció haber adulterado los resultados, para así registrar ganancias en vez de pérdidas.
Preocupación en la industria
Con todo, los aportantes de ambos fondos, Global e Insignia, no son los únicos que han mostrado preocupación.Esto porque desde la industria de administradoras de fondos, miran con atención lo que está pasando.
La razón se encuentra en el hecho de que existen muchos fondos –especialmente en renta fija- que toman posiciones en derivados, uno de los instrumentos usados por Peña.
La preocupación surge porque valorizar estos instrumentos debe ser una práctica un poco más generalizada.
De hecho serían varias la AGF que están revisando el tema y no porque se hayan encontrado irregularidades en sus empresas, sino porque se dieron cuenta que existe una falta de control y poco conocimiento del instrumento por parte de los back office, especialmente en lo que concierne a la valorización de los derivados.
Declara Peña en Bridec
En la arista judicial, durante la mañana de ayer llegaron hasta las oficinas de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI (Bridec), el ex gerente de inversiones de Aurus, Mauricio Peña y sus abogados Miguel Ángel Chávez y Alejandro Awad, para prestar declaraciones por su participación en el maquillaje de resultados con el fin de no reflejar pérdidas por US$ 25 millones en los patrimonios de fondos de la administradora, que se descubrió tras un control interno, algo que el propio ejecutivo reconoció.
Fueron cerca de cinco horas las que duró la diligencia, a la cual se sumó durante la jornada el fiscal Carlos Gajardo de la unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, quien está realizando una investigación a la administradora tras las irregularidades detectadas.
En la oportunidad el cuestionado ejecutivo contó como operaba y habría adulterado las cifras de los fondos que administraba, el Aurus Insignia y el Aurus Global. La defensa de Peña, señaló que seguirán colaborando con la investigación.
Desde Aurus han dicho que hasta el momento han sido poco los rescates solicitados, mientras que desde el mercado indican que los aportantes están inquietos, ya que no saben la real dimensión del daño patrimonial de estos vehículos de inversión, y si bien los socios de la administradora han señalado públicamente que van a responder por el daño causado, los clientes están esperando que esto se concrete, ya que este hecho sería el “punto de inflexión”, porque mientras no vean eso, seguirán algunos con la intención de presentar demandas contra de la administradora y sus socios por el incumplimiento de la Ley Única de Fondos (LUF).
Ayer, además la empresa ratificó a Deloitte para que realice la auditoría que determine el real daño patrimonial ocasionado a los fondos y fijó 30 días para generar el informe.
La ley de mayor transparencia que lleva un año en el Congreso
La preocupación por casos como el de Aurus no ha sido indiferente al gobierno, así lo señaló el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, quien aseguró que el tema "obviamente tiene ocupado al ejecutivo" en términos de ver en qué forma se transparentan los mercados financieros,
Pero no es el único, ya que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en entrevista con Diario Financiero, indicó que lo que hay en temas de regulatorios no es suficiente, es por ello, que dijo hay que mirar el proyecto ley -que ingresó en julio del año pasado al Congreso y está en primer trámite constitucional en el Senado- que busca dar nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes del mercado.
Entre los objetivos del proyecto está la modificación de la Ley del Mercado de Valores, en lo que respecta en facilitar las actuaciones de los llamados "market markers", el reforzamiento de las responsabilidades de los órganos de administración de las empresas como de la Superintenedencia frente a situaciones que lleven a perjuicios al mercado, mejorar la entrega de información y precisión de las normas de responsabilidad de auditorías externa.
Además, el proyecto consideraba modificaciones a la ley de Sociedades Anónimas respecto de una regulación más estricta cuando se trata de partes relacionadas.
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