El exdirector de Presupuestos (Dipres) del Gobierno de Piñera II, Matías Acevedo, ha jugado un rol activo en materia de pensiones en el último tiempo. El economista del Centro de Investigación Empresa y Sociedad de la UDD está asesorando a parlamentarios de oposición en el marco de la reforma de pensiones desde su experiencia en materia fiscal, labor que comparte con otros actores, como el exministro de Hacienda, Ignacio Briones.
“Cuando nos llamaron para pedir ayuda, había muchas razones para decir que no”, reconoce Acevedo. Sin embargo, decidió contribuir al debate desde el rol de asesor. “El legado del Presidente Piñera nos enseñó que uno siempre tiene que estar dispuesto a ayudar”, reflexiona con DF.
El economista añade que “es por esa razón que estamos tratando de ayudar a aportar, desde mi expertise fiscal, para ver la posibilidad de buscar una salida para que salga una buena reforma”.
“Los cotizantes llevan 15 años financiando al Estado. Le han prestado US$ 45 mil millones, ¿y para qué? Para financiar el déficit. Esto no es distinto y es bastante acotado”.
Lo que se juega el Gobierno de Gabriel Boric en la última milla para aprobar su reforma de pensiones
Los senadores de la comisión de Trabajo -donde la centroderecha es mayoría- han estado trabajando junto al Ejecutivo para acercar posiciones que permitan llegar a un acuerdo para sacar adelante cambios al pilar contributivo del sistema previsional.
El exDipres aseguró que hay un grupo de jubilados y personas que están próximas a jubilar, que no se van a beneficiar del aumento de la tasa de cotización de la reforma, pues el impacto de esta medida es de largo plazo. “Ese grupo de personas, que habiendo cotizado un buen número de años, 15, 20, hombres y mujeres, tienen tasas de reemplazo más bajas. Y por lo tanto, el objetivo es poder ayudar a este grupo”, explica.
La mesa técnica de pensiones -cuyo informe debiera entregarse esta semana- está trabajando para identificar a los grupos que se beneficiarían para llegar a una determinada tasa de reemplazo y cuánto cuesta el beneficio. Cuando eso esté definido, la pregunta es cómo se financia.
Acevedo plantea que “hacia adelante no existen holguras fiscales. Este Gobierno va a entregar a la próxima administración cero holgura fiscal y eso significa en la práctica que no se puede hacer nada que tenga costo fiscal”.
Es por esto que la idea de que exista un mecanismo de préstamo de cotizantes al Estado que sea devuelto con rentabilidad de mercado nació de la propia oposición, particularmente del economista, Bernardo Fontaine, recuerda Acevedo.
El agosto, el Gobierno planteó su última fórmula oficial para la distribución del 6% de cotización adicional, donde tres puntos se destinaban a capitalización individual, dos puntos a un préstamo reembolsable de los cotizantes al Estado y un punto iría a compensar a mujeres por mayor sobrevida.
El exDipres asegura que dado que no estaba aún definido el costo del beneficio final -el que vendría en el informe de la mesa técnica de pensiones-, como expertos fiscales no podían estimar el monto del préstamo.
-¿Qué recomendaciones han realizado en el marco de la asesoría a los parlamentarios?
-Inicialmente, cuando lo planteó el Gobierno, este era un instrumento sin garantía estatal. Nosotros recomendamos que, de llegar a un acuerdo, tuviera el 100% de garantía estatal en tiempo y forma.
Después, se planteaba que este préstamo tenía que tener una tasa entre 2% y 3% en términos reales. Nuestra sugerencia es que fuera en todo momento a una tasa de mercado. ¿Qué significa? La misma tasa a la cual comprarían estos instrumentos las AFP.
-¿Hoy qué tasa tienen ese tipo de bonos?
-Entiendo que están cerca de 2,5%.
-Otra de las críticas tiene que ver con que se parecería a una cuenta nocional...
-La forma que lo había propuesto el Gobierno era una cuenta nocional. Recomendamos que fuera un instrumento a nombre del afiliado, heredable y transable cuando corresponda.
-¿Y sobre la administración del fondo?
-Se planteaba que el Estado pudiera administrar. Sugerimos que sean los privados los que administran, tal como lo hacen hoy en el Seguro de Cesantía, que llevan 22 años administrando y yo por lo menos no tengo recuerdo de que el Estado haya metido la mano al fondo para decidir dónde invertir, qué invertir, qué hacer o qué no hacer.
-Cuando habla de un modelo similar a la AFC, ¿es un organismo licitado?
-Personalmente me gustaría que fuera la misma AFC y no crear más burocracia. Ahora, si es otra, que fuera igual (a la figura de la AFC).
-El senador Galilea (RN) planteó que el préstamo es una “inversión” y que se va a reflejar en las cartolas de los afiliados. ¿Eso es así?
-Todas las inversiones tienen que estar registradas en la cartola de la cuenta individual de cada uno de los de los afiliados. No podría ser distinto que eso porque además de generar desconfianza, me parece que esto es lo correcto.
-¿Por qué optar por financiar esto con dinero de los cotizantes y no por ejemplo, que el Estado emita un bono que lo financie y lo coloque a tasa de mercado?
-Los cotizantes llevan 15 años financiando al Estado. Le han prestado US$ 45 mil millones, ¿y para qué? Para financiar el déficit. Esto no es distinto y es bastante acotado.
Hoy, el 23% de la cartera de la AFP, se invierte en instrumentos estatales y nada más y nada menos que para financiar el déficit fiscal.
-Hay quienes cuestionan que con esto se abre la puerta hacia futuro...
-Respecto al concepto de abrir la puerta, la puerta siempre está abierta. En el único momento en que la puerta está cerrada es en dictadura, donde una persona que no fue electa democráticamente, define por todos nosotros lo que quiere y lo que no quiere hacer. En democracia se llaman votos, mayorías.
Deuda del Estado
Otra de las recomendaciones emanó de una inquietud que planteó el senador Felipe Kast (Evópoli), sobre dónde se contabilizaría este instrumento, Acevedo explica que “recomendamos que esto esté registrado en las cuentas fiscales como un pasivo. En el gobierno central va a ser un pasivo contingente, en el Estado va a ser un pasivo puro y duro”, anticipa.
-¿Qué impacto podría tener en materia de deuda?
-Esto evidentemente va a tener un impacto en el nivel de deuda del Estado, no del gobierno central.
(El mecanismo) se termina el año 20. De ahí en adelante, se acaba la inversión en este instrumento. Entonces, un punto más o menos equivale a tres puntos de deuda en 20 años. Esto es, 0,23 puntos del PIB de deuda al año, que es algo que es bastante razonable. Y no debería tener ningún impacto en la clasificación de riesgo del país. Lo que sí podría tener impacto en la calificación de riesgo es un escenario sin reforma. Si esta reforma no pasa, la probabilidad de que nos bajen la clasificación de riesgo es alta.
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