Hace tantas décadas que las empresas chilenas vienen sufriendo con los lentos y engorrosos procesos por los cuales deben pasar, con el fin que el Estado les otorgue los múltiples y crecientes permisos necesarios para el desarrollo de sus actividades económicas.
Se mencionan muchas razones por las cuales el país no ha logrado superar este escollo. Algunas son la falta de recursos humanos y financieros suficientes, la reticencia de los organismos públicos a renunciar a algunas de sus competencias, lo atomizado que se encuentra dentro del Estado el proceso de otorgamiento de permisos, la falta de dividendos políticos claros de una solución a este problema, etc.
Estimo que si bien los factores anteriores influyen, la verdadera causa de que todavía no tengamos un sistema de permisos simple, expedito, moderno e integrado, es que nunca un gobierno le ha dado realmente el carácter de urgente, ni ha radicado su liderazgo a un nivel tan alto que permita zanjar las diferencias que surjan entre los distintos organismos involucrados.
Pero asumamos por un minuto que se priorizara debidamente una iniciativa de este tipo y se radicara a un alto nivel. ¿Cómo se podría abordar adecuadamente esta desafiante tarea? Primero, haciendo un levantamiento exhaustivo y sistematizado de todos los permisos que los distintos organismos públicos exigen a las empresas para el desarrollo de las actividades económicas. Luego, obviamente, habría que eliminar las duplicidades de permisos y aquellos que no tienen la debida justificación para exigirse. Cada uno debe quedar radicado en un solo ente para evitar superposiciones y conflictos de competencias.
En este proceso resulta clave uniformar conceptos y criterios de otorgamiento entre los distintos organismos, y dentro de las reparticiones de estos mismos, otorgando la debida estabilidad en el tiempo. Racionalizar los procedimientos mismos y acortar los plazos es posible, en especial intensificando el uso de las nuevas tecnologías, y también utilizando sistemas como el silencio administrativo y la ventanilla única.
Sin duda que para esto es necesario fortalecer considerablemente, en cantidad y competencias, la dotación de funcionarios de los servicios públicos que otorgan permisos, así como proveerlos de más recursos tecnológicos y financieros. Esto tendrá un costo, pero será mucho menos que los beneficios que traerá al país en términos de aporte al PIB, exportaciones, impuestos, empleo, etc.
Resulta clave otorgar más autonomía a las reparticiones regionales de los organismos públicos. Decidir todo en Santiago demora los trámites y, sobre todo, desperdicia la valiosa experiencia regional.
Junto con la agilización de permisos, se debe institucionalizar un mecanismo que vele porque la interposición de recursos administrativos y judiciales no paralice los proyectos o actividades económicas, cuando se rinda garantía suficiente por eventuales perjuicios. Enfrentados a la imperiosa necesidad de mejorar la productividad y la competitividad, y aprovechando el impulso reformista del Gobierno, ¿por qué no hacer de éste el momento para dar un salto en materia de agilización de permisos y de paso superar un escollo necesario para alcanzar el desarrollo?
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