Hoy se tramita un proyecto de ley en que se juega el éxito de nuestro comercio exterior y que significará la pérdida del 20% de productividad de nuestros puertos, lo que bien puede ser su lápida. La iniciativa tiene dos objetivos principales. Por un lado, otorgar un beneficio económico a trabajadores portuarios vulnerados históricamente en su derecho a media hora de descanso para colación. Por otro, regular hacia futuro esta garantía.
Para la reparación, el gobierno propone crear un impuesto de cargo de las empresas portuarias. La propuesta merece diversas objeciones: no existe declaración judicial de la deuda; crea un impuesto que recauda más que lo que se necesita (US$ 155 millones para deuda de
US$ 53 millones, lo que fue relativamente subsanado por los diputados); es inconstitucional (afecto a un fin determinado) e injusto (monto por peso de carga transferida y no por valor); no pagan todos los beneficiarios de la estabilidad portuaria y grava excesivamente nuestro comercio exterior y toda su cadena, con la consiguiente pérdida de competitividad de Chile.
La otra propuesta fundamental es reconocer el derecho a descanso irrenunciable de mínimo 30 minutos por cada jornada o turno que exceda las cuatro horas. Si bien compartimos la necesidad de consagrarlo, nos parece que no se logra conciliar el derecho laboral con la competitividad portuaria, afectando al desarrollo de nuestro país. ¿Por qué?
Por una parte se reduce la jornada laboral portuaria a 42 horas semanales, estableciendo un trato discriminatorio para el sector.
Por otro lado, siendo lo más grave, dispone que la media hora deberá ser tomada por todos los trabajadores al mismo tiempo. Si bien el gobierno presentó una indicación que permite se acuerde un sistema de relevos, los diputados oficialistas la rechazaron. Esto significará la imposibilidad de darle continuidad a la faena portuaria, sistema común y mayoritario en el mundo; la pérdida de app. 4,5 de las 22,5 horas diarias de trabajo (20% de productividad); un trato discriminatorio a los puertos respecto de otras faenas continuas y la subutilización de los US$ 20.000 millones que nuestro país ha invertido en infraestructura portuaria.
Es difícil encontrar argumentos para impedir que se puedan acordar relevos que permitan tanto la continuidad de la faena como el respeto del descanso. Uno podría ser la dificultad para fiscalizar el cumplimiento del descanso. Otro, evitar la contratación de trabajadores por horas, con una relación laboral precaria. Respecto del primero, entendemos que la legislación laboral general es suficiente y existen medios para acreditarlo. Respecto de lo segundo, las empresas deben ser capaces de gestionar sistemas que impidan contrataciones precarias y el gobierno debe abordar el estatuto del trabajador portuario en la necesaria “Ley Larga”.
Hacemos votos para que el Senado reafirme su tradición de sensatez y mejore el proyecto en aquellos aspectos que pueden tener consecuencias nefastas para Chile.
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