El contrato de Zofri vence en 2030 y en Iquique ya comenzó la disputa por el modelo que seguirá después de esa fecha. A menos de cuatro años del plazo fatal, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, pidió al Gobierno la compra del paquete accionario que hoy no está bajo control estatal y abra una definición de fondo sobre el modelo que seguirá la zona franca en las próximas décadas.
La solicitud fue planteada ante la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde el jefe comunal expuso que el Estado debe adquirir el 27% de acciones en manos de privados para recuperar el control total de la sociedad y de los terrenos asociados al sistema franco. “Es urgente que el Estado compre ese 27% restante para tener el control total de los terrenos construidos”, sostuvo Soria ante los parlamentarios.
La propuesta no es nueva en el discurso del alcalde, pero ahora volvió a instalar el tema en el Congreso en un momento clave, cuando quedan menos de cuatro años para el término del contrato vigente.
El punto, además, abre una definición que excede al municipio y entra de lleno en el terreno fiscal. La solicitud apunta directamente al Ministerio de Hacienda, cartera que tiene un rol central en la concesión de Zofri. Según información pública de la Dirección de Presupuestos, la estructura de propiedad de Zona Franca de Iquique S.A. está conformada por Corfo con 71,28%, el Fisco con 1,40%, y otros accionistas con 27,32%.
Fallida extensión
El planteamiento de Soria resurge luego de la controversia que abrió este año la fallida renovación anticipada de la concesión hasta 2050, proceso que fue aprobado en junta de accionistas, pero que posteriormente quedó en pausa para ser abordado con el nuevo Gobierno.
En febrero, la junta extraordinaria de accionistas de Zofri aprobó con 95,11% de respaldo el plan de inversiones vinculado a esa extensión, por más de $ 115 mil millones, equivalentes a unos US$ 133 millones. La votación reflejó el peso de Corfo como accionista mayoritario, pese a los cuestionamientos de autoridades regionales, usuarios y actores políticos de Tarapacá.
En esa oportunidad, Soria cuestionó el modelo que se buscaba prolongar. “Hoy día el mundo cambió, el comercio cambió totalmente”, dijo entonces, al rechazar una extensión que, a su juicio, mantenía una lógica inmobiliaria agotada.
La discusión también había llegado al Presidente Gabriel Boric en 2025, cuando autoridades comunales, gremios y trabajadores entregaron una carta solicitando participación regional en la definición del futuro de Zofri y rechazando una renovación anticipada sin licitación ni consulta amplia. En esa ocasión, Boric respondió que había instruido a la Subsecretaría de Hacienda abrir una conversación sobre la zona franca y la discusión por la licitación.
Nuevo modelo
El argumento del alcalde no se limita a la propiedad accionaria. En su presentación, Soria planteó que Zofri debe dejar de operar solo como un polo comercial e inmobiliario y avanzar hacia un modelo con mayor componente logístico, industrial y tecnológico.
“El Corredor Bioceánico le da a Iquique una oportunidad, considerando que el puerto tendrá su licitación en 2030 y que la concesión de Zona Franca también termina ese año. Con esas dos herramientas podemos generar un gran polo de desarrollo y darle una segunda vuelta a lo que significó y significa hoy la Zona Franca, con mejores trabajos y mejor calidad de vida para todos los iquiqueños, iquiqueñas y tarapaqueños”
El punto es que Iquique no quiere perder espacio frente a otros puertos de la región, sino que quiere asegurar un lugar en la nueva ruta de carga que se abre con el Corredor Bioceánico, en medio de una mayor competencia portuaria desde el sur de Perú, especialmente por el crecimiento de Callao y el desarrollo del megapuerto de Chancay. Desde esa mirada, la ciudad busca no quedar fuera de los flujos que podrían conectar Brasil, Paraguay, Argentina y Chile con los mercados del Asia-Pacífico.
El alcalde planteó que el norte chileno enfrenta una ventana estrecha para modernizar su infraestructura y que el futuro de Zofri debe discutirse junto con el desarrollo portuario, el tercer acceso vial a Iquique y obras que permitan separar el flujo de camiones del tránsito urbano.
Oficia a ministerios
Tras la exposición, la comisión acordó impulsar oficios a distintos ministerios. Uno de ellos será dirigido a Hacienda para solicitar antecedentes sobre la viabilidad financiera de comprar el paquete accionario privado de Zofri S.A. También se acordó oficiar al Ministerio de Transportes para conocer los planes de modernización y ampliación del Puerto de Iquique, además de pedir al Ministerio de Obras Públicas información sobre el diseño del tercer acceso vial y un viaducto exclusivo para camiones.
El movimiento legislativo abre un nuevo capítulo en una discusión que lleva meses tensionando a Tarapacá. La concesión vigente de Zofri termina en 2030 y hasta ahora, la definición sobre una eventual extensión, licitación o cambio de modelo sigue pendiente a nivel de Gobierno.
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