El pasado miércoles 22 de enero, una verdadera bomba cayó sobre las nuevas oficinas de Enel Chile. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) multó a la firma de capitales italianos con un total de 280 mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalente a casi US$ 19 millones, la más alta que ha recibido una empresa en la historia.
Pero la principal esquirla no provino de la multa, sino de las conclusiones de la SEC respecto a que la empresa infringió la normativa en cuatro ámbitos: falta de mantención en las instalaciones; cortes prolongados (algunos de los cuales se extendieron hasta por más de 15 días); la no entrega de información a las autoridades; y falta de canales de atención a sus clientes. A esto se sumó la conclusión de que “el argumento de la fuerza mayor ya fue respondido y no fue aceptada como fuerza mayor”, explicó la superintendenta, Marta Cabeza, al dar a conocer la noticia.
La información llegó de inmediato a Viale Regina Margherita, donde se ubica el cuartel general de la compañía eléctrica en Roma y donde están las oficinas de su CEO, Flavio Cattaneo. La resolución de la SEC encendió las alarmas en cuanto al destino judicial y administrativo que tendrá la compañía, que arriesga no sólo la continuidad de la concesión, sino también un difícil frente judicial para varios de sus ejecutivos.
Fuentes de la compañía indicaron que el problema que se suscita es que la multa se viene a sumar a otra serie de antecedentes de distintos organismos, que hacen que tanto la gerencia en Chile como el controlador en Italia, estén “muy preocupados y ocupados” de las consecuencias en los distintos frentes legales. Están especialmente preocupados en el impacto que esto puede tener en la arista penal y en distintos ejecutivos chilenos e italianos de la matriz, que participaron en la toma de decisiones en los últimos meses y que tuvieron implicancias en la respuesta que tuvo la compañía ante los hechos desatados por el temporal de agosto. “No sólo les preocupan los directores, sino también distintos ejecutivos italianos que venían mucho a opinar a Chile, pero que nunca tuvieron cargo formal en la compañía acá, pero sí altos cargos fuera”, señalan las fuentes.
El punto es que muchas de estas decisiones de inversiones e instrucciones, de cómo prepararse ante eventos climáticos, seguridad de redes, trato a los electrodependientes, quedaron en mails, actas de reuniones, actas de directorios y documentos de la compañía, que podrían ser incautados en el marco de la investigación que lleve adelante el Ministerio Público, que está investigando la muerte de tres personas electrodependientes.
Sobre este punto, existe mucha preocupación por la responsabilidad penal de la empresa y sus ejecutivos, lo que ha motivado extensas reuniones internas tanto con la plana mayor de Chile como de Italia. Incluso, esto ha generado la preocupación del CEO de la compañía, Flavio Cattaneo.
Informe de la USACH
Pero fuera de la multa, el golpe final lo dio la auditoría encargada por la SEC el 6 de agosto a la Universidad de Santiago de Chile (Usach), entidad que tuvo que determinar si la empresa tenía la capacidad de construir información relevante para la toma de decisiones en emergencia.
Según el informe de la Usach, al cual tuvo acceso Señal DF, “se encontraron inconsistencias o desviaciones”.
La auditoría realizada señala que “durante las entrevistas y las respuestas enviadas se reconoce por la empresa auditada que el sistema de atención mediante IVR falló el 2 y 3 de agosto”. Agrega que esto se deduce en las preguntas asociadas a las personas electrodependientes.
“La empresa no mantiene un listado actualizado de los clientes categorizados como electrodependientes. Esto se ratifica en una encuesta aplicada durante el proceso de auditoría”, explica el informe.
Agrega que la base de personas del registro de electrodependientes, de 2.331 personas, “no contempla personas ingresadas al registro los días 1, 2, 3, 4 y 5 de agosto, pues se indica en el registro mismo que corresponde al mes de julio de 2024. Posteriormente se informó por mail de ENEL Distribución S.A que el registro vigente al 31/07/2024 tenía 2.331 registros ED vigentes y que al 31/08/2024 el registro se incrementó a 2.507 ED vigentes, teniendo un incremento durante el mes transcurrido de 176 registros”.
Asimismo, el análisis informa que el registro de electrodependientes, del mes de julio de 2024, no está actualizado. “Se detectaron 17 personas fallecidas (…) se desconoce el detalle del fallecimiento. No es del alcance de la presente auditoría indagar en dichas causas o hechos que desataron el fallecimiento de la persona del registro de electrodependientes”, indica la auditoría de la Usach.
Este informe, de acuerdo a implicados en la causa, es preocupante para ENEL, y -de hecho- tiene a todos sus asesores legales estresados, porque al descartarse la fuerza mayor por parte de la SEC y al analizarse la auditoría de la Usach con inconsistencias en cuanto al manejo de los electrodependientes, significa que pueden venir acciones muy fuertes contra la compañía y sus ejecutivos.
Fuentes cercanas a la empresa indican que los próximos días serán clave para el desarrollo de la estrategia legal. Recordemos que la empresa está siendo asesorada por Cristián Muga en el área penal; por José Miguel Gana en lo que respecta a los cargos de la SEC; por Ramiro Mendoza en lo que tiene que ver con el proceso de tramitación de la caducidad de la concesión y por Florencio Bernales de Cariola Diez Pérez-Cotapos, en el tema de litigio.
De acuerdo con las fuentes, tras las multas y la auditoría -que no es vinculante, pero es un insumo relevante para la investigación-, se abren todos los frentes, civiles, se puede acelerar el proceso de caducidad de la concesión y, desde luego, empiezan a tomar forma los procesos penales, que es lo que más les preocupa.
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