Por Paula Gallardo
“Dictar una sentencia definitiva sobre el comportamiento de los reguladores, en el caso La Polar, es todavía un poco apresurado”. Así de tajante es el diputado Jorge Burgos (DC) al evaluar la reacción y las acciones emprendidas por las tres superintendencias -Valores, Bancos y AFP- frente a las prácticas indebidas realizadas por la multitienda respecto de sus clientes.
Es que, a su juicio, hay que recoger más antecedentes, tanto desde el punto de vista de la investigación política que se hace en la Cámara de Diputados, como de la investigación judicial en manos del Ministerio Público.
- ¿Hubo acciones preventivas que pudieron realizarse para evitar que ocurriera lo de La Polar?
- Si tuviera que adelantar un juicio, el superintendente de Bancos e Instituciones Financieras (Carlos Budnevich) tiene en su contra un hecho bien preciso. Días antes del fraude de La Polar, él sostenía que las atribuciones que tenía sobre las tarjetas de crédito no bancarias eran suficientes. Los hechos han demostrado que son absolutamente insuficientes y que ahí hay que hacer cambios legales profundos. ¿Qué posibilidades tuvo el superintendente de Valores (Fernando Coloma) para haber levantado alerta temprana? La gente que conoce estos mercados dice que las provisiones que tenía La Polar en varias materias financieras eran sospechosas. El problema es que en este tipo de hecho, siempre está lleno de generales después de la batalla. Entonces hay que irse con cuidado.
- ¿Y en el caso de la superintendenta de Pensiones Solange Benstein? La entidad tiene a su resguardo las pensiones de los chilenos...
- Probablemente la Superintendencia de Pensiones es la que tiene más instrumentos preventivos porque está en juego la previsión de millones de chilenas y chilenos. Hay que ver si la participación que tuvieron las AFP en materia accionaria o de deuda de La Polar fue arriesgada o no.
- ¿Usted diría que ha habido más reacción que acción de los reguladores?
- Siempre en estos hechos se aprenden lecciones que permiten mejorar las regulaciones, tanto reglamentarias como legales. Hay cuestiones que ya nadie discutirá en Chile, como la necesidad de consolidar la deuda, que en algún momento se planteó en un proyecto de la (ex) presidenta Bachelet que se trancó porque hubo distintas discusiones. Eso es urgente y es una lástima que no se haya hecho antes. O la necesidad del cambio orgánico de las superintendencias hacia comisiones, que regulemos mejor determinados silos industriales, que veamos si ahí ponemos al Sernac Financiero. También están las propuestas de la comisión Desormeaux.
- ¿Los reguladores están al debe?
- Sostener orgullo por la actuación de los reguladores creo que sería un despropósito. Acto seguido, sostener que no hicieron nada, también me parece un exceso. Hay que ver si tuvieron oportunidad y facultades para hacerlo.
Castigos ejemplares
- El caso La Polar está transitando hacia su judicialización. ¿Qué espera de los tribunales?
- Por los antecedentes, aquí habría una asociación ilícita, donde participaban varias personas del nivel gerencial y habrá que determinar si eso subía más arriba. Da la sensación que aquí había una operación destinada a defraudar.
- Pero no siempre hay sanciones para los llamados “delitos de cuello y corbata”...
- Cuando los sistemas de fiscalización no son capaces de detectar anticipadamente a los grupos que hacen estas cosas, lo que queda es esperar que la justicia actúe con rapidez y que, en esta oportunidad, los chilenos no tengamos que ver que los autores, cómplices y encubridores pasen el proceso desde sus casas, cuando no desde Cachagua.
- ¿Esperaría sanciones ejemplares?
- Claro, porque hay penalidad, hay delito. Estas conductas no son impunes, necesitamos una justicia rápida, eficiente, que las buenas defensas jurídicas que puedan tener, que son legítimas, no terminen con estos delitos sin ninguna sanción corporal.
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