El uso irregular del auto fiscal terminó con la exatleta Natalia Ducó y el subsecretario de la cartera fuera del Ministerio del Deporte. En un ministerio que en general sirve para lucirse -o, en el peor de los casos, para pasar desapercibido- Ducó se las había arreglado para estar en medio de sendas polémicas. Cierto es que el pecado de origen de haber nombrado en esa cartera a alguien que había sido suspendida por doping fue siempre difícil de borrar y mantenía la atención de periodistas y opositores en frecuencia alta ante cualquier traspié de la entonces ministra. Se enredó con la venida del grupo musical BTS -el misterio de los gobiernos de derecha y el K-pop- al Estadio Nacional para finalmente caer por el vehículo estatal.
Todos los gobiernos tienen polémicas en torno al buen o mal uso por parte de las autoridades del auto fiscal. En el gobierno pasado fue la Contraloría la que levantó alertas sobre algunos trayectos cuestionables de la entonces ministra Camila Vallejo. Y como esa hay decenas de historias. Una forma de mirar lo recientemente acontecido es la firmeza y reciedumbre del Presidente Kast frente a una ministra que se sale de los límites establecidos. Simplemente, hay tolerancia cero frente al abuso de poder -por pequeño que este sea- y las medidas que se toman son las más drásticas para que no quede duda alguna.
Pero esa no es la única mirada posible. Si bien probablemente la lanzadora de bala nunca debió haber alcanzado la cabeza del Ministerio del Deporte, dadas las yayitas de su currículum vitae, su salida al menos debiese servir para discutir el rigor con que tratamos su falta. Uno pensaría que si se pone un auto y un chofer a disposición de las autoridades es para hacerles la vida más fácil, no más difícil. Pero si no puedo llevar a los hijos al colegio, ni puedo ir al doctor, ni al lanzamiento de un libro, pues son tareas que no están estrictamente vinculadas con el ejercicio del cargo, el beneficio rápidamente se vuelve un cacho desde un punto de vista logístico y administrativo.
Como toda norma mal pensada o que se ha extremado en su alcance, estamos cayendo en el absurdo. Pese a ello, no es algo fácil de corregir, pues, dado el descrédito de la política de cara a la ciudadanía, cualquier normalización de la situación corre el riesgo de ser vista como un aprovechamiento más de la clase política. Y si en algo estamos todos de acuerdo es en el terror que le tiene toda la clase dirigente a lo que pueda decirse de ellos en redes sociales.
Por otra parte, tanta severidad con este tema cuando sabemos los múltiples forados que tiene el aparato estatal (“penny wise pound foolish”) más parece un calmante para la conciencia colectiva que una real preocupación por el buen uso de los recursos públicos. Démosles a nuestros gobernantes las facilidades para que hagan su trabajo correctamente y exijámosles acorde a ello. Si abusan, serán expuestos y castigados, pero este puritanismo vehicular no nos lleva a ningún lado.
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