Era octubre de 2019 y estaba todo listo para que una firma francesa entrara a la propiedad de Claro, Vicuña, Valenzuela (CVV), una de las constructoras de obras públicas más grandes del país, la misma que estuvo detrás del levantamiento del GAM en Santiago. Pero el 18 de ese mes, todo se derrumbó.
No había sido el primer intento. Antes fue una empresa española y otra vez, un consorcio de firmas chinas. Todos nombres reservados bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, pero que hoy ya no están sobre la mesa, o no bajo las condiciones de hace tres años.
Finalmente, y tras varios meses, reuniones, tensas llamadas y en una “dolorosa” decisión, como han reconocido los socios en privado, pasadas las 14 horas del viernes 21, CVV presentó una solicitud de liquidación voluntaria por deudas impagas por unos US$ 60 millones, dejando con ello 30 obras inconclusas, entre ellas hospitales, encargos de empresas mineras y forestales; 2.500 personas desempleadas y unos 1.500 proveedores afectados directamente.
El diagnóstico interno es múltiple. La pandemia principalmente, y un exceso de burocracia y falta de diligencia del Fisco en cumplir los plazos, pero además actualizar costos ante la crisis de materiales global y la inflación desatada.
Los más graves retrasos y costos adicionales no pagados fueron en la construcción de los hospitales de Puerto Aysén y Puerto Natales, con quienes mantienen juicios abiertos. También el Bypass en Castro, proyecto del que tuvieron que hacerse cargo luego de que el constructor anterior dejara las obras por no poder avanzar tras encontrar restos arqueológicos.
No solo fue el Estado, sino que también concesionarios privados como el del aeropuerto de Iquique, cuyo mandante era la suiza Aport, y que tras diferencias y cambios en el contrato provocó un espolonazo grave a las finanzas de la empresa.
Los intentos por salvar a la firma fueron varios. Los dueños, de partida, inyectaron directamente de su bolsillo unos $ 2.300 millones, más otro 25% de un fondo de inversión privado que se levantó con otros accionistas por $ 6.600 millones.
Y siempre aparecían empresas interesadas en comprar o asociarse. De hecho, hasta antes del estallido social estuvieron en serias conversaciones con tres firmas chilenas, además de la española, francesa y chinos para cerrar negocios. Incluso, ante el actual escenario volvieron a evaluar dicho proceso, pero ninguna estuvo disponible a avanzar en una fusión o adquisición.
El panorama había cambiado, y demasiado.
Las conversaciones con el Ministerio de Obras Públicas del gobierno anterior y del actual, fueron múltiples, pero la empresa acusa en su liquidación que llegaron tarde.
El jueves, la cartera dirigida por Juan Carlos García les ofreció destrabar $ 3.500 millones de los más de $ 8.000 millones que les deben por el Bypass de Castro. Pero eso podía tardar meses en llegar finalmente a la caja de CVV. Y hace unos días el MOP había ofrecido pagar lo adeudado desde enero, cuando la constructora entregó un puente operativo y andando sobre el río San Pedro, en Los Ríos.
La banca fue otro de los factores que propiciaron la caída, dicen conocedores. Hasta hace tres años, la firma tenía líneas de crédito de libre disposición para las obras más emblemáticas. Pero eso cambió y la banca aumentó restricciones. Es más, hace cuatro meses tuvieron problemas para renovar las boletas de garantía para dejar en las obras que tienen con el Estado.
Salir de Chile fue una opción. De hecho, estuvieron un año en Lima, Perú en 2002 con dos proyectos, pero la falta de formalidad de ese mercado los hizo desistir y regresar a Chile. En el último tiempo estuvieron mirando otros mercados, pero ninguno los convencía.
Dentro del holding todavía quedan dos filiales operativas. Una de viviendas privadas llamada Inversiones Inmobiliarias y otra de viviendas sociales con subsidio DF19, denominada Sauco, que también sigue existiendo. Sin embargo, el grueso de la empresa era la constructora CVV, que tras 65 años de historia, cerrará la puerta de la obra por fuera.
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