Una seguidilla de efectos colaterales dejó el fallo de la Corte Suprema que invalidó la adjudicación que la Corfo hizo a un consorcio liderado por universidades internacionales del Instituto Chileno de Tecnologías Limpias (ITL) y financiado con parte de las rentas de SQM al Estado chileno por el uso del Salar de Atacama.
El 4 de julio pasado, después que la Tercera Sala del máximo tribunal emitiera el fallo, los análisis empezaron a hacerse en Chile, pero también en Estados Unidos. Hasta ahora, ninguno de los actores directamente involucrados ha salido a decir qué pasará ahora. Aunque la Suprema dejó poco espacio a la interpretación.
El tribunal dijo que el proceso iniciado en 2020 por el gobierno pasado tuvo vicios en la adjudicación a la Associated Universities Inc (AUI), conformado por nueve universidades de Estados Unidos, entre ellas Harvard, MIT, Columbia, Princeton, Yale, además de cuatro universidades locales: del Desarrollo, San Sebastián, Autónoma y de Atacama.
Quien abrió los fuegos en la Corte de Apelaciones con un recurso de protección fue el consorcio de universidades compuesto por la de Chile, la Católica, de Antofagasta, de Concepción, entre otras, que buscaba quedarse con la concesión del Instituto que tiene un financiamiento asegurado por casi US$ 200 millones hasta 2030, mientras dure el contrato entre la minera no metálica ligada a Julio Ponce y la Corfo.
Primero el recurso fue rechazado, pero el abogado que defiende dicho conglomerado, Davor Harasic, elevó los antecedentes a la Suprema. Y el 4 de julio emanó el fallo.
“Queda de manifiesto que tanto la garantía de igualdad como la del debido proceso, aplicable al actuar de la administración en la toma de decisiones, han sido desconocidas”, dice en una de sus 37 páginas.
El exgerente en conflicto
A quien principalmente apuntó sus dardos la Suprema fue al exgerente general de la Corfo, Felipe Commentz Silva. El ingeniero comercial y MBA de la Universidad Católica asumió en julio de 2020 el cargo bajo la administración de Pablo Terrazas.
El pecado original, según interpretó la Suprema, es que Commentz estuvo en dos partes del proceso. Primero, como evaluador en la comisión que le asignó puntajes a las ofertas de AUI y de las universidades chilenas agrupadas en Alta Ley. Y luego, como Pablo Terrazas se inhabilitó, Commentz lo reemplazó en el Consejo de la Corfo, dando su voto para que finalmente el Instituto quedara en manos de AUI.
“Sus observaciones no fueron imparciales, en cumplimiento de una mera presentación, sino que resultan más bien concordantes con quien pretende avalar y afirmar la recomendación de la Comisión Evaluadora y su preferencia por AUI, la cual termina proponiendo formalmente”, dice el fallo de la Suprema.
Y agrega: “La participación del señor Felipe Commentz Silva en el Consejo Corfo que dictó la decisión final de adjudicación en favor de AUI, constituye una irregularidad manifiesta (...) esta irregularidad impide reconocer la legitimidad necesaria para producir efectos al procedimiento, por cuanto se ha faltado gravemente al principio de imparcialidad del procedimiento administrativo”.
De la totalidad del consejo de la Corfo que se reunió en enero de 2021 -el ministro de Agricultura, Antonio Walker; de Desarrollo Social, Karla Rubilar; el subsecretario de Hacienda Alejandro Weber; de Turismo, José Luis Uriarte; de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, y Felipe Commentz- solo la ministra Rubilar puso reparos.
“Expresa su preocupación por la falta de vinculación entre el Instituto que se crea con las entidades, universidades y empresas de la Macro Zona Norte del país, condición que considera fundamental y esencial para el desarrollo de esta iniciativa y solicita que tales entidades, universidades y empresas que tengan interés, sean parte activa de este proyecto”, se lee en el fallo citando el acta de dicha junta, lo que se subsanó con un compromiso de memorándum para que el consorcio ganador deje entrar a otros actores.
Ni Terrazas ni Commentz aceptaron conversar con DF MAS. En el caso del segundo, desde inicios de este año se desempeña como profesor de emprendimiento en la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad del Desarrollo, una de las integrantes del consorcio que ganó la licitación del ITL.
Además, la Corfo nombró a Felipe Commentz en la Comisión Nacional de Acreditación, justo el 1 de marzo de este año como representante de la estatal. Su cargo dura seis años.
Desde AUI dijeron que “prefieren no comentar sobre el tema”.
Los efectos políticos
En el gobierno saben que esta “papa caliente” alguien tiene que tomarla.
La Suprema dice, textual: “La misma relevancia que tanto las partes como estos sentenciadores le reconocen al proyecto en cuestión, justifica que la acción sea acogida (...) para el solo efecto que la recurrida ponga todos los antecedentes a disposición del Consejo Corfo a fin que éste adopte una decisión de adjudicación a la brevedad, en que resulta evidente la conveniencia que se emita una decisión fundada que se haga cargo en la forma más transparente posible de las propuestas admisibles y de las opiniones de los expertos internacionales”.
Más adelante ordena a la Corfo “dar estricto y expedito cumplimiento” de lo anterior.
El espacio de interpretación, consultadas varias fuentes para este artículo, es escaso. Es decir, Corfo con los antecedentes que ya tiene, debería retrotraer al Consejo de la Corporación la decisión y en ese caso, quien tiene mayor puntaje son las universidades extranjeras versus las chilenas y que incluye a varias estatales.
Ello, porque el fallo de la Corte deja en claro que no hubo irregularidades en la integración de la comisión evaluadora ni en los resultados de la misma que otorgaron el mayor puntaje al consorcio extranjero; ni tampoco valida que la opinión de los expertos extranjeros que recomendaron inclinarse por las universidades chilenas sea vinculante. Con eso, a la Corfo solo le quedaría confirmar a AUI como ganador. El consorcio chileno cree lo contrario.
Aunque la Corfo, ahora dirigida por José Miguel Benavente, no quiso entregar más detalles a este medio, sí respondió que se encuentra “analizando las implicancias y acciones a seguir, conforme al marco legal aplicable y velando por el interés común”.
Y agregó que “la Corporación acepta la sentencia dictada, a la que dará cumplimiento por tratarse de una resolución judicial”.
Y en un hecho que llamó la atención en el sector, el jueves 7 de julio, solo tres días después del “Supremazo”, el Ministerio de Minería y el de Ciencias anunciaron que crearán el Instituto Público de Litio y los Salares, un “organismo público de investigación dedicado al estudio de las ciencias básicas y aplicadas del litio, su economía, la ecología de los salares y ciencias humanas”.
Consultados en Minería, explicaron que este proyecto es completamente diferente al ITL liderado por la Corfo, y que el organismo nuevo -cuya fecha de creación aún no existe- se enfocará solo en investigación en litio y salares, y no en tecnologías más amplias como el ITL, que está orientado al desarrollo para el sector público y privado.
Mientras todo esto pasa, en una cuenta en dólares en el BancoEstado se siguen acumulando los aportes de SQM a la Corfo para financiar el Instituto. El último balance indica que hay US$ 40 millones sin usar para desarrollar el ITL.
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