En medio de la polémica y acusaciones cruzadas entre el Servel y el Registro Civil por la responsabilidad en el cambio de domicilio que afectaría a cerca de 485 mil eventuales votantes, los expertos electorales advierten sobre los alcances de la controversia en medio de la crisis de confianza hacia las instituciones, así como el efecto que la situación pueda tener para los inciertos e inquietantes niveles de abstención y para lo que podría ser el resultado final en determinadas comunas.
Es que a once días de las elecciones municipales, la confirmación de parte del presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, de que no habrá un nuevo plazo para rectificar los domicilios electorales de miles de ciudadanos que vieron cambiados sus lugares de residencia para votar en los comicios del próximo 23 de octubre, junto con poner en duda la confiabilidad del padrón electoral -el que además fue auditado-, también despierta suspicacias sobre la rigurosidad con que actúan las instituciones involucradas.
Al respecto, el cientista político y director ejecutivo del Instituto Libertad, Aldo Cassinelli, asegura que “este error, es no entender el estado -actual- de la situación política”, además que “si se implementan acciones donde los únicos afectados son precisamente las personas, el desprestigio de la actividad crece y la gente tiene razón en estar desencantada. Hay que ser más prolijos, por lo menos hacer un esfuerzo en aquello donde se tiene impacto”.
“Si estamos pensando que va a votar menos de la mitad del padrón electoral, 500 mil ciudadanos es mucho para quedarse tranquilo o diluir las responsabilidades en el funcionamiento de un software o cargarle la mano al sistema informático. Por lo tanto, es aumentar el desprestigio de cómo se hacen las cosas”, dice el experto aludiendo a las explicaciones que se han dado desde el Registro Civil y advirtiendo de paso que el efecto puede ser tan aleatorio que se podrían registrar “alteraciones” en algunos de los resultados de las elecciones.
Dudas sobre el padrón
Desde una perspectiva más amplia, el también experto electoral Axel Callis -ligado al PS- advierte que esta situación “pone una interrogante respecto a cuánta gente efectivamente del padrón de 14 millones 121 mil personas pueden votar”.
A lo que agrega otra “duda razonable” como “la real expansión que tuvo el padrón entre 2012 y 2016, que alcanzó a casi 715 mil personas siendo que si uno resta entre los nacidos y los muertos debería dar cerca de 500 mil personas”; además de “los chilenos que viven en el extranjero, que son alrededor de 900 mil, que se sabe que la mitad de ellos están inscritos en Chile, pero no se sabe si sus hijos lo están o están inscritos en Chile en ambos países o donde nacieron”; el caso de los no condenados y habilitados para votar, y de los detenidos desaparecidos.
“La suma de todos aquellos que por alguna razón aparecen en el padrón pero que efectivamente no pueden votar son más de un millón”, dice Callis, subrayando que por tanto no es posible anticipar cuánto alcance tendrá este escándalo en los niveles de abstención, la que a su juicio hay que calcular sobre de los que fueron a votar en las municipales pasadas.
Y mientras Callis apunta a que la primera responsabilidad la tiene la legislación que le permite al Registro Civil manipular un padrón sin tener conocimiento, así como al Servel que “no tiene competencias para meterse en los procesos informáticos del Registro”, su colega el experto electoral PPD, René Jofré, -también afectado por el cambio de domicilio- asegura que este es “un tema que está dañando el evento electoral y por lo tanto más que andarse tirando la pelota, tiene que haber una medida paliativa” como una campaña de información entre ambas instituciones .
Jofré admite que la situación puede afectar los niveles de abstención, y adelanta que sería la oportunidad de explorar el voto electrónico.
Bajo la lupa de los parlamentarios
Como "extremadamente grave" calificó el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Guillermo Ceroni (PPD) la situación suscitada por los más de 400 mil cambios de domicilio que registra el Servicio Electoral (Servel) y de los cuales aún no se tiene certeza cuántos fueron realizados involuntariamente, sin el consentimiento de las personas.
El parlamentario también confirmó que tanto el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría, como el Director de Registro Civil, Luis Acevedo, serán citados a la Comisión "para que den una explicación al país, ya que no es posible que se deje a tantas personas sin la posibilidad de expresarse democráticamente y elegir a sus autoridades".
"Aquí las responsabilidades son conjuntas, por eso ambos directores deberán concurrir en los próximas días a la Comisión. Si bien es el Registro Civil quien entrega los datos de cambios de domicilio, el Servel es el encargado de vigilar la elección, entonces este último servicio debería haber chequeado si es que habían posibles errores en el padrón", sentenció el diputado.