A raíz del allanamiento que el martes pasado realizó la PDI a las oficinas de una sucursal de Banco Santander en el centro de Santiago, en el marco de un operativo para desbaratar un brazo extorsivo del Tren de Aragua que involucra a un ejecutivo de la institución financiera, la oposición reactivó sus alarmas en torno a la importancia de avanzar en el alzamiento del secreto bancario. Y la actitud opositora generó una pronta e inesperada respuesta del Ejecutivo, que a través del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que alista un proyecto o una indicación que aborda el secreto bancario.
Tal como expresó la senadora Beatriz Sánchez (FA), aunque es poco usual que se produzca una sinergia tan clara entre el Congreso Nacional y la realidad que desde sus dependencias se pretende regular, esta vez sí ocurrió, ya que para el mismo día del allanamiento estaba en la tabla de la Sala del Senado –aunque finalmente no se alcanzó a revisar y se retomó al día siguiente- el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado.
Ingresado por la administración Boric el 31 de mayo de 2023, ya cumplió tres años de tramitación sin urgencia, se encuentra de vuelta en la Cámara Alta en su tercer trámite y establece medidas para la prevención y alerta de actividades que pudieran estar relacionadas con el crimen organizado. Su necesidad quedó en evidencia y alertó a las instituciones regulatorias en estas áreas más que nunca, desde el punto de vista opositor, cuando los chilenos pudieron ver en sus pantallas, cómo operativos de la PDI y la Fiscalía Metropolitana Sur allanaban una sucursal del Banco Santander en el centro de Santiago.
Pese a que el gobierno del Presidente José Antonio Kast le ha dado a este tema especial relevancia, en el contexto de la seguridad pública, nunca le ha puesto urgencia a la iniciativa que se tramita en el Congreso.
Choque de fuerzas
Entonces, el principal nudo que ha impedido un avance fluido del proyecto es el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa que contiene en su articulado. Algo a lo que el oficialismo se ha negado de plano desde siempre, por estimar que constituye un atropello a la “privacidad” de las personas.
“Excepcionalmente la Unidad podrá requerir la información sujeta a secreto bancario a una institución bancaria, de forma directa y sin previa autorización judicial, y ésta estará obligada a proporcionarla, siempre que la información sea necesaria para desarrollar o completar el análisis de una o más operaciones sospechosas previamente reportadas que se refieran a personas jurídicas, a funcionarios públicos, o que hayan sido reportadas por un banco, que se vinculen con los delitos de su competencia, de acuerdo al inciso primero del artículo 1°”, señala concretamente el artículo que genera mayor preocupación entre los partidos de gobierno.
Y este mismo artículo fue el que siguió retrasando el avance de la iniciativa esta semana, ya que el miércoles, cuando finalmente se votó el proyecto, en el citado artículo se produjo un empate entre el oficialismo y la oposición, 23 votaron a favor -postura que acompañó el senador independiente Karim Bianchi- y 23 en contra del oficialismo, donde el ‘rebelde” Alejandro Kusanovic voto alineado con su sector.
Como se produjo dos veces el empate y no alcanzó el quorum requerido (26 a favor); y dado que el proyecto no tiene urgencia, elemento que esta vez jugó a favor de la oposición, este artículo deberá volver a votarse la próxima semana o en la próxima sesión que se ponga en tabla.
Y entre los artículos aprobados está el que apunta a los profesionales que sean nombrados en las distintas unidades que compondrán el subsistema, en términos en que “para asumir los cargos correspondientes, los funcionarios nombrados suscribirán una autorización previa de consentimiento de acceso a su información bancaria protegida por secreto. Dicha autorización deberá otorgarse respecto del servicio al cual se encuentre adscrito el funcionario respectivo y para el solo efecto de las medidas que se establezcan según lo establecido en el inciso cuarto del artículo 7°”.
Proyecto o indicación
En este escenario, es que surgió el anuncio que hizo el jueves el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, que alertó negativamente a su propio sector, respecto de que Hacienda estaba elaborando un proyecto sobre esta materia.
Más tarde del primer anuncio, el propio Quiroz salió a intentar aclarar sus dichos y a aplacar el fuego amigo, junto con reiterar el “principio fundamental” del sector -que para el levantamiento del secreto bancario siempre medie una orden judicial-, Quiroz apuntó a formas “inteligentes” de mejorar la legislación chilena para perseguir la “ilicitud”, en referencia al crimen organizado y cómo podría afectar a los bancos.
“Estamos viendo si puede ser un proyecto aparte, algo que partamos y pensemos de cero, o podemos, tal vez, proponer algo en la coyuntura en que estamos”, agregó el ministro, sin detallar si con “coyuntura” se refiere a esta iniciativa o al proyecto misceláneo.
Sobre el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, la jefe del Comité Unido, senadora Yasna Provoste (DC), exhortó a que “el gobierno de una señal muy clara y que le pongan urgencia al proyecto de inteligencia económica y que se despache de la sala del Senado”, aunque no parece viable que ello ocurra, tras el anuncio de Quiroz.
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