El miércoles 25 de junio, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, oficializó que el Ejecutivo entrará a la discusión ya instalada sobre el impuesto territorial.
En dicha jornada, manifestó que el Gobierno ingresaría a más tardar en 10 días un proyecto que, entre otros puntos relativos al régimen fiscal de las PYME, establecerá que los adultos mayores pertenecientes al 60% más vulnerables del país tendrán un nuevo beneficio: su pago de contribuciones no podrá superar en hasta un 5% sus ingresos, intentando hacerse cargo de la discusión sobre un aumento de los avalúos fiscales que ha superado en velocidad en varias veces el crecimiento de los salarios y las pensiones.
El plazo perentorio se cumple esta semana, en la que se espera que el Ejecutivo ingrese la propuesta al Parlamento.
Las bancadas parlamentarias miran con atención la iniciativa legal, que ingresará a la Cámara de Diputados, y preparan también sus contrapropuestas -inclusive en las filas oficialistas-, lo que anticipa una dura discusión para el ministro Marcel.
Para muestra, un botón: la diputada del Frente Amplio e integrante de la comisión de Hacienda, Gael Yeomans, adelanta que la tienda prepara una propuesta que tomará como base lo expuesto por el excandidato presidencial, Gonzalo Winter, en la línea de ampliar la exención de contribuciones no solo para adultos mayores, sino también para personas vulnerables o con algún tipo de discapacidad.
“Vamos a tener una posición propia. Primero nos gustaría recibir una presentación del Gobierno de su propuesta porque ahora no tenemos los contenidos.Espero que nos lo presenten antes a las bancadas oficialistas”, expone.
El presidente de la instancia parlamentaria, Boris Barrera (PC), cree que hay que “revisar” el apartado del tema contribuciones de la reforma tributaria con foco PYME que ingresará Marcel, considerando que parte importante de los ingresos de los municipios derivan del impuesto territorial, particularmente en los gobiernos locales más vulnerables.
“Colocar límites va a afectar directamente a las comunas más pobres, ya que cerca del 70% de las municipalidades de Chile se financian con el Fondo Común Municipal. En este proyecto también tenemos que escuchar a las municipalidades para ver si corresponde poner un límite de pago a las casas de las comunas más ricas”, argumenta.
Una postura similar manifiesta el integrante de la comisión y exPS, Jaime Naranjo, quien enfatiza que no está por eliminar las contribuciones -como plantean sectores de la oposición-, sino más bien por establecer mayores beneficios para los adultos mayores vulnerables.
“Sería una irresponsabilidad política eliminar el pago de las contribuciones, ya que se estaría perjudicando a las comunas más pobres y -por cierto- a sus habitantes más humildes.Sería como cobrarle un impuesto a los pobres para hacer más ricos a los más ricos”, lanza.
Su par independiente en la comisión -en cupo PPD-, Carlos Bianchi, expone que hay que analizar lo que envíe el Ejecutivo y buscar “beneficios reales” para adultos mayores en temas de contribuciones, además de concordar beneficios PYME.
“Hay que ver qué más se puede proponer y consensuar con el Ejecutivo, pero seguro que no vamos a quedarnos solo con la propuesta inicial que nos harán llegar”, adelanta.
Más crítico en su posición es el diputado DC de la comisión de Hacienda, Ricardo Cifuentes, para quien el Ejecutivo “claudicó” al hacerse parte de una discusión que -considera- se ha politizado en medio de la campaña presidencial.
“Son muy crítico de lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda en términos de proyecciones de ingresos, así que me interesa saber de qué manera se podrá compensar una medida de esta magnitud. No es factible discutir este tema sin los municipios y no sé si se resuelve el tema con un 5% de tope de cobro”, señala el expresidente de la Cámara.
El endurecimiento de la oposición
En la vereda opositora, el panorama es más claro: buscarán avanzar hacia eximir a la primera vivienda del tributo, o incluso ir más allá y postular la eliminación gradual del gravamen.
El diputado UDI de la comisión de Hacienda, Felipe Donoso, opina que la compensación a la menor recaudación será uno de los principales focos del debate.
“Si ellos anunciaron el límite del 5% de los ingresos para el pago de contribuciones, que lo hagan, pero que no intenten un alza de impuestos con esta justificación. Nosotros hemos sido claros con Hacienda que estamos dispuesto a rebajas, pero a ninguna alza. El Gobierno debe asumir que debe ordenar sus cuentas hoy y eso implica disminuir sus gastos, ya que calculó mal los ingresos en varios ejercicios fiscales”, sostiene.
Su par de RN de la citada comisión, Miguel Mellado, cree que la discusión no puede separarse de la necesidad de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) transparente la forma en que se calculan los reavalúos y, en consecuencia, las cuotas de contribuciones, “que hoy tiene una gran opacidad”.
“Segundo, que sea fácil reclamar para los contribuyentes; y tercero, que se suba del 60% de los jubilados más vulnerable al 90%, que son todos aquellos que hoy tienen la PGU”, señala.
Agustín Romero, representante de Republicanos en la comisión, enfatiza la línea que mantendrá la tienda en el debate: “Queremos terminar con las contribuciones, porque es un impuesto injusto y queremos partir por los adultos mayores, ellos no pueden seguir siendo castigados por el solo hecho de tener una casa”.
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Sebastian Valdenegro
