Una nueva jornada de audiencias hubo en la comisión de Hacienda del Senado, en el marco de la tramitación del proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.
En la cita, expusieron especialistas de Libertad y Desarrollo (LyD), del centro de pensamiento Rumbo Colectivo, de Hermann Consultores y de Deloitte, donde el foco de las presentaciones fueron tópicos como el nivel de concentración de la riqueza producto de incumplimiento tributario, la aplicación administrativa de la Norma General Antielusión (NGA), y el mecanismo de designación del director del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Por LyD, los investigadores Juan Ignacio Gómez y Macarena García pusieron el acento en que el proyecto no reconocería la economía de opción al momento de aplicar la NGA. O sea, que el contribuyente pueda definir de mejor manera cómo organiza sus negocios y paga sus impuestos.
“Parece estar en el espíritu del proyecto que no se comprende la economía de opción como una manifestación del derecho de propiedad: no pagar tantos impuestos como se podría (economía de opción) no es equivalente a no pagar todos los impuestos que debería (evasión)”, plantearon, agregando que hay un enfoque de regulación “represivo” contra el contribuyente en la propuesta.
El director ejecutivo de Rumbo Colectivo, Tomás Leighton, puso el acento en que sin medidas para aumentar el pago de impuestos, la concentración de la riqueza se incrementará en el país, lo que “genera efectos negativos en el desarrollo social, político y económico en los países”, dijo.
El director de Hermann Consultores, el economista Jorge Hermann, enfatizó que se debe avanzar hacia una autoridad tributaria que resulte de la fusión del SII y Tesorería: “Ambas recaudan impuestos por contribuciones, el SII recauda ciertos impuestos especiales (tabaco, combustibles, etc) y TGR otros (patentes mineras, agua, marítimas, móviles verdes, etc)”, fundamentó.
Mientras que el socio líder de Tax & Legal de Deloitte, Hugo Hurtado, planteó que el director del SII sea propuesto por el Presidente de la República y confirmado por el Senado, como en EEUU.
“Esto promueve una mayor autonomía de la administración tributaria”, señaló.
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