Asociación de AFP: “Los cambios deben hacerse de forma que no perjudiquen las pensiones”
Los que más preocupa a las AFP tienen relación con el cobro de comisiones. “Son casos concretos en los cuales se podría ver afectada la rentabilidad”.
Por: Costanza Cristino E.
Publicado: Jueves 11 de agosto de 2016 a las 04:00 hrs.
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Tras la cadena nacional de la presidenta Michelle Bachelet de este martes, los presidentes y principales gerentes de las AFP tuvieron cita obligada en las dependencias de la asociación gremial que las agrupa. Reunión que se extendió hasta las 12:30 horas de ayer, luego de lo cual Rodrigo Pérez Mackenna, su presidente, salió a dar sus primeras impresiones respecto de los anuncios de la mandataria. “Nosotros queremos ser parte de esa discusión. Hemos hecho propuestas y valoramos ese llamado al diálogo y a un gran acuerdo”, y a su vez dejó entrever la preocupación de la industria respecto de las medidas anunciadas, siendo las que más relevantes aquellas que dicen relación con el cobro de comisiones.
-¿Qué análisis hace de las medidas propuestas por la presidenta?
-El anuncio incluye una serie de modificaciones, cambio regulatorio al sistema actual que deben hacerse de forma que no perjudiquen las pensiones, porque podría producir el efecto contrario al buscado, dependiendo de cómo se implementen.
-¿Se refiere específicamente a la devolución de las comisiones cuando la rentabilidad sea negativa y a la regulación de las comisiones por intermediación?
-Esos dos ejemplos son casos concretos en los cuales se podría ver afectada la rentabilidad y seguridad de las inversiones. Respecto de las inversiones en el extranjero, hoy prácticamente el 45% de las platas está afuera, y las rentabilidades obtenidas son muy superiores a las alcanzadas en el mercado local. Por lo tanto, cualquier cambio que se haga en esa regulación tiene que hacerse con el cuidado de no desincentivar la inversión en el exterior.
-¿Que esas comisiones ya no se descuenten del fondo no trasparentaría más las comisiones?
-Hay transparencia total en esta materia y esto está altamente regulado, se informa trimestralmente, hay límites en los gastos y comisiones y esto es parte de cómo operan los mercados internacionales.
-¿Sería complejo separar eso en la práctica?
-Hay que ver cómo funcionan los mercados, y tener en cuenta eso.
-Sobre la devolución de comisiones por rentabilidades negativas ¿cuál es su aprensión?
- No quiero pronunciarme sobre el detalle porque no lo conocemos, pero esa es otra medida que dependiendo de cómo sea su implementación y diseño podría ser positiva o negativa.
-¿Considera negativo el anuncio de la presidenta?
-Nosotros valoramos el llamado que hace la presidenta a un acuerdo nacional para mejorar las pensiones. Aquí tenemos la oportunidad de lograr un consenso político y también una reforma técnicamente acordada.
-Más allá de eso ¿lo que vio lo deja más tranquilo o más preocupado?
-No quiero calificarlo ni de tranquilo ni de preocupado, nosotros tenemos que ocuparnos de que este sea un trabajo bien hecho. Insisto que lo que nos motiva es mejorar las pensiones de los chilenos, hay una oportunidad de hacerlo bien y queremos ser partícipes. Hay cosas que se podrían incorporar a la discusión.
-¿Cómo cuáles?
-Por ejemplo, el seguro de la cuarta edad. Creemos que es algo interesante, que no está dentro de lo que mencionó la presidenta.
-¿Usted dijo que del aumento de la cotización un porcentaje debería ir a las cuentas de capitalización individual? ¿Cuánto?
-No queremos señalar un número específico, pero sí tenemos claro que hay una necesidad, especialmente de la clase media que enfrenta los mismos desafíos de mayor longevidad y bajas tasas de interés, de aumentar el ahorro. Por eso sería bueno que una parte relevante de este aumento vaya a las cuentas de los trabajadores.
-¿Cómo evalúa este cuarto pilar anunciado?
-No podemos opinar sobre el detalle porque no lo conocemos, pero lo que puedo decir es que cualquier componente de reparto es complicado porque sabemos que la proporción de gente que contribuye, respecto del número de pensionados va a disminuir fuertemente en los próximos 35 años y el diseño que se haga del fortalecimiento de la solidaridad tiene que contemplar algún tipo de contrapeso entre la entrega de beneficios y la sostenibilidad en el largo plazo.
-Entonces ¿no le parece un avance la opción de que esa redistribución se haga a las mismas cuentas individuales?
-Me parece que va en la línea que he señalado de que sea una solidaridad con componente de sostenibilidad.
Abogados ven inconveniencia de medidas y adelantan que proyecto podría ir al Tribunal Constitucional
Por Jéssica Esturillo O.
Algunas de las medidas anunciadas por el gobierno para mejorar las pensiones son claramente inconstitucionales a ojos de abogados especialistas en esta materia. De hecho, ante esta disyuntiva, la ministra Ximena Rincón señaló ayer que "si es necesario en alguna medida modificar la Constitución, todos tienen que estar dispuestos".
La abogada Olga Feliú explica que el aumento de 5% en la tasa de cotización con cargo del empleador para crear pilar de ahorro colectivo solidario para aumentar las pensiones actuales y lograr más equidad en las futuras, es uno de los elementos que contraviene lo establecido en la carta fundamental en varios aspectos.
En primer término, dice la especialista, porque esta carga pública es un tributo y como tal no puede estar afecto a una finalidad específica, tal como establece la propia Constitución.
"Si los ingresos tributarios se amarran a finalidades predeterminadas quiere decir que el parlamento ve cercenada su facultad de aprobar año a año los gastos públicos, priorizando los gastos según su mayor necesidad, por eso es importante respetar esa disposición constitucional", asegura Feliú.
Añade que al gravar con este tributo a un grupo específico de la población, como son los empleadores, se atenta contra la igualdad consagrada en tres numerales del artículo 19 de la Constitución.
A juicio del líder de la división de Litigación y Arbitrajes del estudio de Moraga&Cía, Diego Messen, el reintegro de comisiones por parte de las AFP en caso de rentabilidades negativas afecta las disposiciones sobre derecho de propiedad.
"Existe una suerte de expropiación de hecho, frente a un acto que no depende directa o indirectamente del sujeto afectado. ¿Qué responsabilidad puede tener una institución respecto a sus legítimas ganancias, por el sólo hecho que el mercado haya tenido un resultado desfavorable? Prever un castigo, como puede ser, el despojo de la legítima ganancia por su gestión, parece imponer una carga desproporcionada frente a otras empresas que también dependen del movimiento del mercado, lo que constituye, además, una desigualdad de trato arbitrario e injustificado", advierte. Feliú y Messen coinciden en que más allá del debate es una posibilidad cierta que estas medidas podrían ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional.
Por otra parte, en un análisis desde el ámbito financiero y de negocios, el socio fundador del Estudio Morales&Besa, Guillemo Morales, advierte la inconveniencia de esta última medida, que incentivará a las administradoras a cobijarse en instrumentos de menor riesgo lo que atentaría contra la rentabilidad.
La inclusión de representantes de los cotizantes en el directorio de las AFP es otro factor erróneo en la propuesta del gobierno, dice Morales, pues además de ser contradictorio con lo que es la tradición y la legislación nacional en materia de gobiernos corporativos, aleja a estas sociedades de la conformación de profesionales que requiere para definir sus estrategias de inversión.
otros escenarios de judicialización
El proyecto de ley a través del cual se materializarán las medidas anunciadas por el gobierno, así como las resoluciones, decretos o reglamentos que pudieran ser dictados con este mismo fin, podrían ser objeto de judicialización en tribunales internacionales por parte de los inversionistas extranjeros que tienen participación en las AFPs.
El socio fundador del estudio Morales & Besa, Guillermo Morales, explicó que en el caso de que la iniciativa legal o los instrumentos administrativos mencionados supongan un cambio en las condiciones del juego, estas empresas podrían interponer acciones legales amparadas en los tratados comerciales suscritos por el país.
Estos inversionistas incluso podrían adoptar acciones legales preventivas durante la tramitación de la iniciativa en el Congreso, en caso de observar en ella un evidente perjuicio.
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