Vendedor, cajero, reponedor, guardia, promotor comercial y varias funciones más, incluida la de “apoyar el traslado de los productos que el cliente haya comprado hasta el automóvil del cliente”, deberán cumplir trabajadores del comercio, específicamente de la tienda Ripley del Mall del Centro, a contar del 1 de mayo de este año.
En total, 19 funciones según el anexo de contrato elaborado por la empresa, que también solicita “colaboración en el orden interno de la tienda” y “trasladar los productos desde las bodegas”, además de “desempeñar todas las funciones inherentes al cargo”.
El caso de Ripley se suma a los de Entel y tiendas Paris, que fueron utilizados como ejemplo, durante la tramitación de la reforma laboral, para advertir un escenario no deseado al interior de parte de la Nueva Mayoría: el uso de la cuestionada norma de “adecuaciones necesarias” para, primero, aumentar las funciones de los empleados; y segundo, reemplazar trabajadores durante una huelga.
El caso de Paris para cuatro de sus tiendas era similar. En noviembre se modificaron contratos, para incorporar nuevas labores, como “asesoramiento y orientación a potenciales clientes, reposición de mercadería, etiquetado de productos, mantención del aseo, servicio de empaque, apoyo en el traslado de mercadería y otras funciones de similar naturaleza”.
En Entel ocurrió algo similar, con modificaciones en los lugares de trabajo. Ya no se estipulaba una comuna, sino que toda la Región Metropolitana.
¿Polifuncionalidad?
Varios efectos tiene, según el presidente de la Federación de Sindicatos de Ripley, Leandro Cortez, la nueva relación contractual redactada por la compañía. El primero, “un abuso de la polifuncionalidad”, normada en el artículo 10 del Código del Trabajo y que considera “que los contratos podrán señalar dos o más funciones específicas, sean éstas alternativas o complementarias”.
Según un fallo de la Dirección del Trabajo, de febrero de 2012, por “alternativas” se entienden las que pueden realizarse primeros unas y luego otras; y por “complementarias” las que sirven para completar o perfeccionar las funciones específicas. Bajo estos parámetros, según el abogado de Prosindical, Juan Vergara, Ripley comete una falta, ya que “cajero no es complementario con asesor de compra”.
Cortez aseguró que Ripley “precariza el trabajo de sus empleados” y “se prepara para minimizar los efectos de potenciales huelgas, gracias a las adecuaciones necesarias”.
El abogado laboralista César Toledo concordó: “La modificación tiene como explicación el abuso. El abuso de dos normas: la de polifuncionalidad y la de reemplazo de trabajadores en huelga”.
El académico de la Universidad Diego Portales puntualizó que serán los tribunales los que deberán “poner las cosas en su lugar, ya que no lo hizo el legislador”, aludiendo a la ambigüedad con la que se redactó la norma.
Una crítica similar tuvo el vicepresidente de la Confederación de Trabajadores del Comercio, Francisco Álvarez, quien calificó como “preocupante” la legislación aprobada por el Congreso y “lamentable” que todos los senadores de la Nueva Mayoría -salvo Adriana Muñoz (PPD)- hayan aprobado las adecuaciones necesarias, a pesar de advertir que se utilizará como práctica antisindical.
Defensa de reforma laboral en el TC divide a la Nueva Mayoría
Defender la reforma laboral de su gobierno en el Tribunal Constitucional parece algo obvio para la Nueva Mayoría. Sin embargo, la tramitación legislativa dejó tantos heridos en el camino, que reabrir ese debate es "absolutamente innecesario".
Así lo consideran algunos dirigentes del oficialismo, a quienes no convenció la propuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade (PS), quien planteó, en el comité político de La Moneda, que la corporación y el Senado defiendan la constitucionalidad del proyecto, en el TC.
Para que eso ocurra se deben cumplir algunos requisitos: un grupo de parlamentarios debe presentar una solicitud, que se informará en la jornada siguiente. Posteriormente, en una nueva sesión, se discutirá la petición, que será votada al término del debate.
La sugerencia de Andrade "no es mala idea", según comentaron algunos dirigentes, al término del comité político. Sin embargo, la lectura compartida es que se trata de un "esfuerzo" innecesario.
Por varios motivos, según los enumeró el presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD). Primero, existe una intensa agenda legislativa que el oficialismo debe aprobar. Segundo, es el gobierno, con un equipo jurídico compuesto por cuatro abogados, el que intentará anular los argumentos de la oposición. Y tercero, ese objetivo será complementado por las bancadas parlamentarias de la Nueva Mayoría.
Además, y posiblemente el elemento más importante, la posible asistencia del Senado y la Cámara al TC "va a abrir un debate interno sobre si nos gusta o no la reforma laboral, cosa que ya la decidimos", expresó Lagos Weber.
La CUT sí asistirá
En su último Consejo Nacional Ampliado, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) resolvió defender la constitucionalidad de los cuatro elementos impugnados por la derecha en el TC, que son la titularidad sindical, la extensión de beneficios, la negociación colectiva interempresa y el derecho de información.
Así lo confirmó el vicepresidente de la multisindical, Nolberto Díaz, quien detalló que él, junto a la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa; y el secretario general, Arturo Martínez, participarán en las audiencias públicas.
Día clave
Hoy, el TC resolverá la admisibilidad del recurso presentado por los senadores de la oposición. También se pronunciará sobre el trámite y la admisibilidad del requerimiento de los diputados del bloque. Con ambos trámites aprobados, el tribunal acumulará ambas causas, con lo que entregará un plazo de 5 días al gobierno para que se pronuncie por los elementos impugnados. Posteriormente se realizarán la defensa del Ejecutivo y las audiencias públicas. Durante la primera o segunda semana de mayo se conocerá el fallo del TC.
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