A 3 millones 284 mil asciende el número de personas que se han desmovilizado del mercado laboral, ya sea desempleadas o con relación suspendida; según lo revela el tercer informe del equipo conformado por el Partido Socialista y el Instituto Igualdad, "Realidad en materia Laboral", para fiscalizar el Plan de Emergencia del Gobierno.
El informe revela, además, que en el trimestre móvil marzo-mayo un millón 256 mil personas han dejado de buscar trabajo y 879 mil se están derechamente cesantes. De acuerdo al documento, que analizó cómo el Gobierno ha enfrentado la pandemia en el mundo laboral, poniendo énfasis en la nueva normativa que se ha dictado en este tiempo, sus efectos jurídicos y consecuencias prácticas, "las y los trabajadores no se encuentran protegidos durante la crisis sanitaria, económica y social que vive el país".
Asimismo, el texto señala que la legislación aprobada no resguarda adecuadamente a los trabajadores en sus fuentes de trabajo o sus ingresos y la actuación de la autoridad tampoco ha sido la apropiada. El documento sostiene que dentro de los ocupados/as, se registran 1 millón 149 mil trabajadores/as ausentes, quienes estarían con algún grado de suplencia de ingresos, pero que "ya están con una tasa de reemplazo de 55%, que, sin duda, los y las deja bajo el salario mínimo".
El texto reitera además, que la estimación a mayo es un trimestre móvil en que las condiciones de los meses considerados son muy distintas, desde un marzo normal hasta un mayo con un impacto severo en la fuerza de trabajo, por lo que en el próximo trimestre móvil –se explica-, se reemplazará un mes normal por uno similar al de mayo, "con lo cual es esperable una situación más drástica en la caída de la ocupación en el país".
La investigación detalla la situación actual de la Ley de Protección al Empleo, de la Ley de Teletrabajo, del Ingreso Mínimo Garantizado, de las trabajadoras de casa particular, de los trabajadores/as migrantes, de los derechos colectivos, y la actuación de la institucionalidad laboral.
Frente a lo cual el exsubsecretario de Trabajo Francisco Díaz, integrante del equipo fiscalizador, aseguró que "luego de analizar la situación de trabajadores y trabajadoras migrantes y de casa particular, y de aquellos y aquellas en teletrabajo, vemos que en todos se produce una precarización en sus derechos, una disminución de ingresos y, lamentablemente, un aumento de la cesantía".
Según Díaz, la conclusión respecto de estos datos "es una sola: las trabajadoras y trabajadores no están siendo protegidos en esta coyuntura, hay una evidente precarización en muchos sectores".
Finalmente, el informe, que evaluó la opinión de más de 70 dirigentes sindicales nacionales y regionales de diversos sectores productivos y de servicios, privados y públicos, propone 10 medidas para los trabajadores y trabajadoras con contrato laboral, para corregir "la abierta injusticia que existe hoy".
Propuestas
Entre las propuestas que se realizan en el documento destacan prohibir despido por necesidades de la empresa en caso de uso de LPE; la eliminación del artículo 13 de la Ley N°19.728, que permite que el empleador descuente del monto de la indemnización por años de servicios el aporte hecho en la cuenta individual, incrementado en la rentabilidad ganada por el fondo; también desarrollar un programa de fiscalización de oficio sobre la adecuada regularización de la condición de los trabajadores que realizan teletrabajo, sancionando a las empresas que no cumplen con lo señalado por la ley, especialmente en lo relativo a la provisión de equipos y elementos necesarios, así como en lo relativo a las reglas de jornada de trabajo; y, garantizar que todo acuerdo colectivo en este contexto, tendrá el carácter de temporal y en ningún caso afectará piso de las negociaciones colectivas futuras establecidos en instrumentos vigentes, entre otras propuestas.
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