En la víspera que el Senado ratificara los cinco nombres propuestos por el presidente Sebastián Piñera, para integrar el Tribunal de Medio Ambiente de Santiago, los cinco postulantes expusieron ante la comisión de Constitución de la Cámara Alta, oportunidad en que manifestaron sus puntos de vista respecto de los movimientos sociales y su presión a los tribunales, las políticas públicas ambientales, la legislación del sector y otros temas relativos a la nueva función que comenzaron a desempeñar desde el 28 de diciembre. A continuación reproducimos algunos de los aspectos centrales de sus intervenciones. Por Rodolfo Carrasco M.
José Ignacio Vásquez Márquez, presidente y ministro titular
Tribunales Ambientales: "Es una institucionalidad nueva y que es necesario ponerla en funcionamiento de la mejor forma posible". Sostuvo que ello implica "demostrar que no es una jurisdicción corporativa o sujeta a presiones, pero que tampoco actúa con prescindencia absoluta de los efectos sociales de sus resoluciones". "Es relevante tener presente que al Tribunal no le corresponde diseñar o ejecutar políticas públicas, sino que sólo interviene frente a excesos denunciados en procedimientos administrativos ambientales o frente a daños al medio ambiente". "Es importante que el Tribunal consolide una jurisprudencia que lo legitime frente a la ciudadanía, en el desarrollo de sus competencias específicas y con el aporte de los ministros abogados y licenciados en ciencias que lo integran".Recordó que a esta instancia le son plenamente aplicables los principios del debido proceso. Afirmó que ella "debe resolver las controversias ambientales que se le sometan, propendiendo, en lo posible, a soluciones que apunten a un desarrollo conómico ecológicamente sustentable". Indicó que las resoluciones que dicten los Tribunales Ambientales "son revisables por los Tribunales superiores de Justicia, y por ello, la jurisprudencia que emane de los primeros deberá enmarcarse en los principios generales que rigen en nuestro ordenamiento jurídico". Subrayó que esta nueva instancia "resuelve conflictos de naturaleza jurisdiccional y no política".
Participación ciudadana: "Es una presión constante que desborda, en general, los esquemas de la democracia representativa tradicional, y se expresa en las más diversas instancias". Señaló que reconociendo este hecho, "la ley que regula los estudios de impacto ambiental considera etapas de participación de los ciudadanos afectados, que formalmente parecen razonables".
Rafael Asenjo Zegers
Ministro titular en calidad de licenciado en Ciencias Experiencia: Hizo presente que ha tenido la oportunidad de participar en la elaboración de normas ambientales y planes de descontaminación, y en los últimos años se ha desempeñado como gerente de sustentabilidad de la Empresa Nacional de Minería (Enami). Manifestó que le ha tocado participar en múltiples proyectos, consultorías y asesorías tanto al sector público como privado, lo que le ha otorgado una visión global de la problemática ambiental de nuestro país. Puntualizó que él puede brindar esta visión global a la nueva instancia jurisdiccional ambiental que ahora inicia su funcionamiento. Dada la composición plural del Tribunal aseguró que él puede aportar su práctica profesional independiente y su estricto apego a estándares éticos.
Expresó que en materia de desarrollo de instrumentos económicos que favorezcan la protección del medio ambiente se han hecho varios intentos, por ejemplo, señaló, la posibilidad de introducir bonos de carbono o permisos de emisión transables para incentivar la descontaminación. Resaltó que lo anterior fue desarrollado a nivel teórico por varios economistas nacionales, aunque aún no se han materializado como normas positivas. Evaluación socieconómica: Señaló que este es un instrumento de su disciplina que sí ha sido llevado a la práctica como elemento a considerar en los procesos de impacto ambiental de normas, planes y proyectos, lo que ha permitido que esos procesos vayan mucho más allá de las prohibiciones indiscriminadas por un solo aspecto.
Con ello se ha logrado que se consideren también los impactos reales de una regla teórica en el bienestar general de las personas. Añadió que ha habido experiencias discretas pero exitosas con la introducción de herramientas económicas en planes de descontaminación puntuales, como el impulsado por Codelco Chile División el Teniente.
Ximena Carolina Fuentes Torrijo
Ministra suplente en la calidad de abogado
Tribunales ambientales: a su juicio, estas funciones deben ser leídas en un contexto más amplio, cual es propender a un desarrollo sustentable. Indicó que muchos países tienen instancias jurisdiccionales para los temas ambientales y, en general, con su creación se busca un objetivo común: generar cierta unificación y coherencia en un tema de suyo complejo por su naturaleza jurídica y por el contexto social en que se desenvuelve. Los tribunales ambientales, subraya, "deben contribuir a crear confianza en la aplicación eficaz de la institucionalidad ambiental".
Judicialización: "No es necesariamente negativa, porque ello supone un reconocimiento transversal de que los problemas medioambientales se tienen que encarar con una óptica del interés general y, en ese contexto, se entiende el desarrollo de la legislación ambiental, que tiene su aplicación práctica en la decisión de casos particulares atingentes a esta área".
Puntualizó que la puesta en marcha de esta institucionalidad plantea el desafío de construir legitimidad en torno a la institucionalidad ambiental, desde la perspectiva procesal (debido proceso) y sustantiva (correcta aplicación de la ley), pues ambas son objeto de control a través de instancias judiciales superiores.
Presión ciudadana: "Los tribunales ambientales son una instancia jurisdiccional, y por tanto, el criterio para resolver los casos que son sometidos a su consideración es la aplicación del derecho. Ahondando en este aspecto, afirmó que la mayor parte de los conflictos públicos que se provocan por esta causa deberían ser encaminados a una pretensión de cambio normativo general más que a una decisión específica para un caso concreto.
Juan Escudero Ortúzar
Ministro suplente en la calidad de licenciado en Ciencias Labor profesional: Sostuvo que tiene experiencia teórica y práctica en la política ambiental chilena desde sus inicios, y que la razón que lo movió a participar en el proceso de integración del Tribunal Ambiental -que por formación profesional consideró en principio que debía quedar en manos de abogados- es la norma del artículo 35 de la ley Nº 20.600, que señala que esta instancia judicial "deberá apreciar la prueba que se le allegue según las reglas de la sana crítica, lo que implica fundamentar las razones jurídicas, pero también simplemente lógicas, técnicas, científicas o de experiencia que le asignan o no valor; materias en las que puede aportar de manera significativa".
Sobre el aspecto ambiental de los instrumentos de planificación territorial, indicó que "es un ámbito extremadamente importante pero que de forma lamentable no ha sido considerado con la importancia debida".
Política ambiental y ordenamiento territorial: a su juicio debe haber una conjugación más estrecha entre ambos temas, lo que supone que esta última será abordada desde una perspectiva más sistémica y amplia.
Fortalecimiento de la fiscalización y el control: Expresó que esa es otra tarea pendiente para lo que se espera que la Superintendencia del Medio Ambiente entre en funciones.
Señaló que a este respecto que "es muy importante la puesta en marcha de los tribunales ambientales, porque ellos actuarán como contrapartida de esa repartición pública. Indicó que del éxito de este proceso depende, en buena medida, la mejora del tema ambiental a nivel nacional.
ENTREVISTA express
"No fijamos políticas públicas en materia energética, actuaremos caso a caso"
- ¿Qué expectativas tiene del funcionamiento del tribunal?
- Resolver en derecho y con esta amplitud de criterios que se incorporan como consecuencia de ser un tribunal mixto con jueces licenciados en ciencias de poder entregar una visión más amplia en el derecho ambiental y en la resolución de los conflictos ambientales. No solo una visión jurídica, sino que mixta que compatibilice y se abra a los conocimientos de la ciencia.
- ¿Cómo evalúa la presión ciudadana sobre la evaluación y aprobación de proyectos?
- La legislación ambiental contempla mecanismos de participación ciudadana y esos deben cumplirlos los mismos organismos encargados de los procedimientos administrativos con competencia medioambiental, eso lo establece la legislación local y la internacional.
- Chile enfrenta una delicada situación en materia energética ¿se tomará en cuenta al momento de analizar proyectos?
- Somos un órgano que resolvemos jurisdiccionalmente y no fijamos ni establecemos políticas públicas, así que la falta de resolución que pudiese existir en esa materia es un tema fuera de nuestro ámbito de decisión y alcance, tenemos que tener una deferencia hacia laadministración del Estado con sus competencias.
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