El consenso entre los economistas es que si bien hay un incumplimiento de la promesa de campaña del hoy ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de llegar a un balance fiscal al 2030, la trayectoria para bajar desde un déficit estructural de 2,6% del PIB este año a 1,5% en 2030 es creíble y alcanzable, aunque no estará exento de piedras en el camino.
“El trazado propuesto parece prudente. Sin duda desafiante, aunque deficitario. Desafiante de todas formas en un contexto de realidad fiscal deteriorada más allá del estrés: institucionalidad dañada producto de sucesivos incumplimientos y exigencias adicionales asociadas a cambiar la trayectoria de crecimiento del país”, señaló la académica de la USS y exdirectora de Presupuestos, Cristina Torres.
El economista jefe para América Latina de Itaú, Andrés Pérez, calificó la meta fiscal de “desafiante, pero realista”.
“Desde el punto de vista del mercado, será importante que periódicamente se reporten los avances para cumplir con las metas anuales de déficit estructural. En esa línea, sería valorable que se acoten los impactos fiscales de ciertas medidas en el proyecto de reconstrucción nacional, asegurando que sea al menos neutral desde el punto de vista fiscal”, planteó.
Una visión similar sobre este último proyecto entregó el economista senior de Bci Estudios, Antonio Moncado: “Esto podría llevar a que las contracciones del gasto sean de un orden de magnitud más moderado, atendiendo a los menores ingresos previstos en el proyecto de reconstrucción. No obstante, nuevos incumplimientos seguirán manteniendo un déficit elevado, mayores necesidades de endeudamiento y costos elevados de financiar dicho déficit”.
La directora del CEF de la U. de los Andes, Cecilia Cifuentes, señaló que implícito en el compromiso está el hecho de que habrá un fuerte ajuste de gasto el 2027 para así cumplir el compromiso de reducir en 0,8 punto del PIB el saldo negativo en ese ejercicio.
“No queda claro cómo se logra, considerando que las estimaciones toman en cuenta los efectos del proyecto de reactivación, que tiene un impacto fiscal negativo”, señaló. Entonces, añadió, “eso genera algunas dudas de la factibilidad de las metas. 2027 deberá ser un año de ajuste fiscal, es un reconocimiento de que la tarea de reducir gasto no es fácil ni de corto plazo. Queda la duda de si será factible, aunque no habrá que esperar hasta el final del período para ver si el gobierno cumple sus objetivos”.
La meta parece más creíble que las proyecciones de equilibrio fiscal o déficit cero que se habían propuesto en campaña, porque reconoce explícitamente las restricciones fiscales actuales y propone una convergencia gradual, afirmó el director de Riesgo Financiero de PwC, Patricio Jaramillo.
“Su cumplimiento dependerá de varios supuestos exigentes: que la economía mantenga un crecimiento sostenido, que efectivamente se logre contener el gasto público y que los ingresos fiscales evolucionen de acuerdo con lo proyectado. Por ello, la meta puede considerarse razonable y técnicamente alcanzable, pero aún enfrenta riesgos importantes asociados al ciclo económico y a la capacidad política de implementar los ajustes necesarios”, sostuvo.
¿El pero?
Entre los analistas ven con cierto nivel de preocupación el que en el corto plazo se supere el límite prudente de la deuda, situado en 45% del PIB y que el decreto de Hacienda mantiene como guía.
Si bien valora que se mantenga el ancla de la deuda en 45%, el exdirector de Presupuestos y profesor de la U. de los Andes, Matías Acevedo, recalcó que la tarea de Hacienda es explicar cómo lo va a lograr, para que el mercado se pueda formar una opinión, “ya que con la información que hoy está disponible, la deuda estaría sobrepasando el 45% entre los años 2027 y 2028, con y sin el proyecto de reconstrucción”.
El decano de Administración y Negocios de la U. Autónoma, Rodrigo Montero, sinceró que hay un riesgo “no menor” de que se supere el umbral del 45% del PIB, aunque dice que “me parece que no es tan dramático superar ese límite en términos de su impacto macroeconómico, pero sí es una mala señal para nuestra institucionalidad fiscal”.
Si en un año en particular la deuda llegase a superar el 45% del PIB, no es relevante en la medida que haya un compromiso de retornar a un nivel inferior al 45% durante el gobierno, añadió la economista de LyD, Macarena García: “La autoridad saliente no sobrepasó el nivel prudente de deuda en 2025, pero dejó tales presiones sin transparentar que el cumplimiento de estas implicará traspasar el límite de la deuda en 2028”.
Junto con definir las metas como “exigentes pero alcanzables”, la economista y socia de Tax & Legal de Deloitte, Vanesa Lanciotti, cree que es “fundamental” que el ancla del 45% del PIB se cumpla: “Ante una eventual necesidad de aumentar los niveles de deuda de forma acotada, bien gestionada y que tenga como objetivo impulsar la economía y su efecto multiplicador, creemos que no debiera tener necesariamente un impacto negativo en las tasas ni en la percepción de riesgo del país”.
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