El año que termina marcó un antes y un después en el conflicto de violencia en la Macrozona Sur. Por supuesto, el hecho más notorio fue la declaración del estado de emergencia el mes de octubre. Sin embargo, aunque no recibió el mismo nivel de atención, el esfuerzo de colaboración de los distintos órganos encargados de la persecución penal -liderado por el Ejecutivo- fue tanto o más relevante. Ahora la pregunta es si el gobierno entrante mantendrá no sólo el estado de excepción, sino también las políticas iniciadas el año pasado por la administración saliente.
La historia del conflicto en La Araucanía -que, con las características actuales, se remonta a 1997 con la quema de tres camiones en Lumaco- no está marcada únicamente por los crecientes niveles de organización criminal y violencia, sino también por la incompetencia generalizada de los órganos del Estado para mantener el orden público y la paz en la zona.
José Miguel Aldunate, Director ejecutivo del Observatorio Judicial
En efecto, el análisis de la aplicación de la ley antiterrorista en la última década demuestra que, salvo por un par de casos emblemáticos, dicha norma es letra muerta.
Otro tanto puede señalarse sobre los delitos de "violencia rural" -el eufemismo con que suele denominarse a los atentados violentos de La Araucanía-: de un total de casi 600 causas ingresadas al sistema judicial entre 2018 y 2020, el Observatorio Judicial pudo identificar apenas un 3% que concluyó en sentencia condenatoria. En cambio, la mayoría de las causas se archivan provisionalmente o terminan por decisión de no perseverar.
La película es algo más compleja que simplemente culpar a los jueces por los malos resultados. Ya sea por falta de coordinación con las policías, por carencias de recursos o falta de atribuciones o, incluso, por temor a las represalias, lo cierto es que el Ministerio Público no ha sido capaz de llevar adelante los juicios de manera satisfactoria.
Dos datos corroboran lo anterior. Del total de causas analizadas, apenas un 26,7% cuenta con un imputado conocido y el resto de las acciones penales se presentan "contra quien resulte responsable". De aquí que muy pocas causas cuenten con imputados formalizados.
Ante semejantes antecedentes, poco y nada pueden hacer los jueces. De hecho, de las 50 solicitudes de diligencias probatorias presentadas, los jueces de garantía accedieron al 90,6%, denegando apenas siete de ellas. Pero 50 solicitudes no es mucho en un universo de 600 causas.
De aquí la relevancia del liderazgo asumido por el Ejecutivo a partir de 2021. Según informó el Ministerio del Interior, durante el primer semestre de dicho año, el número de detenciones había aumentado en un 407% respecto del mismo período anterior.
En parte, esto se debe a un aumento de la violencia, pero principalmente a la mayor coordinación entre el Ejecutivo, el Ministerio Público y las policías. De hecho, en el período 2018-2020 también se puede observar un aumento progresivo del número de causas, sin que la efectividad de la persecución penal haya aumentado en lo más mínimo.
Por supuesto, todavía es demasiado pronto para determinar los resultados. Dada la duración de la investigación y de los juicios, las decisiones judiciales se producen con cierto rezago respecto de los hechos.
Sin embargo, todo indica que 2021 habrá roto la tendencia observada en años anteriores. El solo aumento del número de detenciones -considerando que la mayoría de las causas del período anterior no contaban con imputados conocidos- augura resultados judiciales promisorios.
Este es el escenario actual. La mayor incógnita es si la administración entrante mantendrá los esfuerzos de coordinación, o si volveremos a la tradicional desidia estatal frente al conflicto.
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