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Direcon responde a socios de Alsacia: “Sus solicitudes excedían las obligaciones del TLC”

Líder de la defensa del juicio ante el Ciadi contra Chile dice que protegerán los intereses del país en un proceso que puede extenderse cinco años.

Por: Lourdes Gómez B. | Publicado: Viernes 24 de noviembre de 2017 a las 04:00 hrs.
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A mediado de mayo, los empresarios colombianos Carlos y Francisco Ríos, dueños de Alsacia, interpusieron una demanda en contra del Estado por no cumplir el contrato del Transantiago.

El juicio es el cuarto que se interpone contra el país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y el primero amparado en un Tratado de Libre Comercio (TLC).

La directora de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Paulina Nazal, reconoció que esto no es buena noticia para el país y que el proceso será largo.

- ¿Cómo recibe la demanda?

- No es una buena noticia. Tenemos claro que este tipo de demandas pueden existir y estamos preparados para hacernos cargo. Es la primera vez que se da en el marco de un TLC y desde que Chile otorgó este derecho en los acuerdos de protección de inversiones, sólo hemos sido demandados en tres oportunidades, siendo esta la cuarta.

Hoy contamos con una institucionalidad para defender al Estado, integrada por los Ministerios de Relaciones Exteriores y Hacienda, y, en este caso, el de Transportes y Telecomunicaciones (MTT).

- Los hermanos Ríos aseguran que no fueron escuchados en las negociaciones previas al juicio...

- Desde que los representantes de Alsacia enviaran a la Direcon su solicitud de consultas a luz del TLC entre Chile y Colombia, la Direcon sostuvo reuniones para llegar a un acuerdo amistoso. Pese a los esfuerzos, no fue posible resolver todos los requerimientos, ya que las solicitudes excedían las obligaciones legales establecidas en el TLC y en los contratos con la empresa. A lo largo del proceso, gestionamos reuniones con Hacienda y Transportes para analizar el caso y coordinar las posiciones interministeriales en busca de posibles soluciones.

Transcurrido el plazo, el Ciadi recibió la solicitud de arbitraje en contra de Chile, alegando supuestos incumplimientos por parte del Estado en las obligaciones contempladas en el TLC con Colombia. Nuestro país ha dado pleno cumplimiento a sus obligaciones internacionales.

- Chile se caracteriza por la estabilidad y credibilidad para hacer negocios, ¿esta demanda da cuenta de que esto no es tan así?

- De ninguna manera. Chile es un gran receptor de capitales extranjeros, acumulando inversiones por US$ 115.827 millones desde 1974. Estados Unidos, Canadá y España, entre otros, reconocen la seriedad, el respeto a las reglas del juego, la no discriminación con los inversionistas que otorga el Estado chileno. Tenemos claro que la inversión extranjera ha sido relevante en el desarrollo y crecimiento de nuestra economía y creemos que el hecho de que solo se hayan recibido tres demandas anteriores (caso Clarín, MTD y Vieira), demuestra la confianza por nuestra estabilidad política y económica.

- ¿Ellos asegura que le cambiaron las reglas del juego?

- Ellos deberán fundamentar sus argumentos. Estamos tranquilos en que las decisiones que adoptó la autoridad se ajustan estrictamente a los contratos de concesión vigentes, al ordenamiento jurídico interno y al derecho internacional.

- Acusan haber sido perseguidos por el Estado de Chile...

- Chile es un país serio cuyas autoridades e instituciones funcionan dentro de sus competencias. Este comportamiento justo y no discriminatorio es lo que nos ha posicionado como un destino confiable para los capitales extranjeros.

- ¿Cómo afecta a la nueva licitación del Transantiago?

- Entendemos que no debiera afectar. En Chile, las reglas están claras y existen mecanismos transparentes en caso de diferencias. Ese es un mensaje potente que todo posible inversionista debe conocer.

-¿Cómo cree que esto se resolverá y el tiempo que requerirá?

- Este es un proceso que recién se inicia y por lo que cualquier respuesta sería prematura. En el caso de la duración, con referencia a procesos anteriores podríamos hablar de al menos 4 o 5 años. Confiamos plenamente en los argumentos de Chile y de que hemos cumplido a cabalidad.

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