Juzgado revoca prisión preventiva para Délano y Lavín y decreta arresto domiciliario total
El fiscal Carlos Gajardo aseguró que "estudiaremos la resolución y tomaremos la decisión respecto a una posible apelación.
Por: Romina Jara Oliva, Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 22 de abril de 2015 a las 22:28 hrs.
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El juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Aravena, determinó levantar la medida cautelar de prisión preventiva de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, en el marco del caso Penta y en su reemplazo les fueron decretados el arresto domiciliario total y arraigo nacional.
De esta manera, el magistrado del tribunal de alzada decidió aceptar la solicitud del abogado defensor, Julián López, quien pedía revocar la cautelar y cambiarla por arresto domiciliario total.
Una vez termninada la audiencia el fiscal Carlos Gajardo aseguró que "estudiaremos la resolución y tomaremos la decisión respecto a una posible apelación (...) Somos muy respetuosos de resolución, nos parece que tiene fundamentos, no los compartimos, pero veremos si apelamos".
Entre los argumentos dados a conocer por el magistrado, explicó que ninguno de los demandantes dio argumentos de peso para refutar la posibilidad de que los imputados quedaran en arresto domiciliario total en vez de prisión preventiva.
Durante la audiencia se dieron cita, por el lado del Ministerio Público, los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, además de los querellantes del Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos, Ciudadano Inteligente, Vidriería Argentina y el abogado del Partido Socialista, Enique Aldunate.
Entre los argumentos entregados por López, expuso que el juez no consideró circunstancias atenuantes de sus defendidos y refutó elemento de reiteración en cargos imputados a ambos. Además destacó la colaboración de Délano y Lavín en la investigación y aseguró que ya se ha reparado el perjuicio fiscal en que incurrieron, y el "Ministerio Público ni el SII lo han reconocido".
Entre los nuevos antecedentes que entregó se encuentra la declaración de ejecutivos que no estaban en la carpeta de investigación y las declaraciones rectificatorias ante el SII. En ese sentido, López destacó que ya se han pagado $ 6 mil millones en impuestos y acusó poca colaboración del Servicio para determinar el perjuicio fiscal.
López también se refirió a la avanzada edad de sus defendidos. "Deben ser los internos con mayor edad. ¿Son un peligro para la sociedad?", expuso el abogado, quien, además, expuso la exitosa trayectoria empresarial de Délano y Lavín y su participación en obras caritativas.
Durante el turno de Gajardo insistió en la gravedad y reiteración de delitos, calificándolos de "cohecho al más alto nivel de nuestro país" y que se hicieron durante "prácticamente toda la vida de la empresa".
"Día por medio se daba boletas o facturas falsas, ¿No son graves estos hechos?", cuestionó y agregó que "no tenemos conocimiento de un nivel tan alto de reiteración de un delito".
Además, tanto Gajardo como Norambuena tanto en la presentación de antecedentes cómo alegatos, refutaron a López argumentando que no hubo tal colaboración de Délano y Lavín y el fuerte de las incautaciones fue mediante ordenes judiciales.
El resto de los querellantes se acogieron a argumentos de Fiscalía. "Reiteración delictiva no ha cesado y bajo esa hipótesis son un peligro para la sociedad", concluyó la abogada del CDE.
Por otra parte, en una situación inhédita en este caso, López habría solicitado que no entraran cámaras de televisión a la sala. De ahí que solo pudieron solo registrar imágenes al inicio y habrá permiso para hacerlo al final de la audiencia. Solo se permite registrar el audio.
Cabe recordar que los controladores del holding llevan más de un mes cumpliendo prisión preventiva en el anexo penal Capitán Yáber del centro de Santiago, desde donde hoy salieron esposados para afrontar la audiencia.
Esto luego de que el pasado 7 de abril el juez Juan Manuel Escobar decidiera acoger la petición del Ministerio Público y resolvió dar prisión preventiva para los fundadores de Empresas Penta y otros ejecutivos, durante los 120 días que dure la investigación.



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