Sancionan con 100 horas de trabajo comunitario a tres ex ejecutivas de FASA
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago concedió una salida alternativa a Paula Mazzachiodi, Lissette Carrasco y Alejandra Araya.
Por: C. Cárcamo/ C. Bastías/ Diario Financiero Online
Publicado: Viernes 4 de mayo de 2012 a las 12:57 hrs.
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El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago concedió hoy una salida alternativa a las tres ex ejecutivas de FASA imputadas en el denominado "caso farmacias" que explotó en marzo de 2009.
Durante la audiencia, el juez Jaime Fuica les propuso dos condiciones para evitar el juicio oral.
Con el consentimiento de las tres imputadas, Paula Mazzachiodi, Lissette Carrasco y Alejandra Araya, la justicia dictaminó que deberán realizar 100 horas de trabajo comunitario y firmar cada dos meses ante el Ministerio Publico.
Según el fiscal Luis Inostroza, a pesar de esta resolución, las ejecutivas seguirán en calidad de imputadas.
"Ellas seguirán siendo imputadas hasta que terminen de cumplir las condiciones que han sido impuestas", por lo tanto, por ahora no pasan a ser testigos clave en el caso.
En esa línea, el fiscal afirmó que han existido otras propuestas de ex ejecutivos para obtener estos beneficios.
"Han existido otras propuestas. Hasta el momento estamos evaluándolas, pero por ahora no hay una resolución positiva respecto a estas otras solicitudes que han planteado las defensas", explicó.
Según inostroza, tras este cambio de cargos, que "es una diligencia dentro de la etapa de probación, debiera venir ahora el cierre de la investigación y la acusación"
Cabe destacar que las imputadas recibieron este beneficio debido a su colaboración en el proceso de investigación del caso, puesto que ellas relataron cómo se llevaba a cabo la coordinación con Cruz Verde y Salcobrand a traves de los laboratorios.
El caso farmacias estalló en marzo de 2009 cuando FASA reconoció que se había coludido con SalcoBrand y Cruz Verdes para fijar el precio de más de 200 medicamentos.
A principios de este año el TDLC cursó multas de UTA 20.000 (unos US$ 19 millones) contra estas dos últimas, no así contra FASA que había llegado a un acuerdo con la Fiscalía Nacional Económica previo pago de US$ 1 millón (delación compensada).
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