Los incendios forestales y la firma del protocolo suscrito entre la Presidenta, Michelle Bachelet y la Fundación Tompkins para la creación de la Red de Parques Nacionales de la Patagonia -que el lunes fue aprobada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad- dieron un nuevo impulso al proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) que está en el Congreso desde junio de 2014.
El subsecretario de Medio Ambiente, Cristián Gutiérrez, precisa que el objetivo de esta regulación es crear un servicio público para la conservación de la biodiversidad y la protección del patrimonio natural del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas.“Se espera tener el proyecto de ley aprobado durante esta administración y así poder concluir la reforma a la institucionalidad ambiental, que creó el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente”, añade.
El senador y presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, Patricio Walker, señala que en los últimos cuatro meses votaron el 80% de las indicaciones y estima que el Senado lo aprobará -en general y en particular- durante el primer semestre.
Si bien todos los actores coinciden en la necesidad de legislar en el manejo sustentable de las áreas protegidas y valoran la iniciativa, señalan que hay aspectos en los que falta profundizar, como protección ambiental, incentivos a la participación de privados e incorporación del mundo indígena.
“El proyecto está cumpliendo con un estándar mínimo y en ese sentido, entre que se legisle o no se legisle, yo prefiero que haya un mínimo de regulación”, señala Marcelo Castillo, abogado del Estudio Jurídico Vicent, y experto en derecho ambiental.
El senador Walker explica que en estos dos años han recibido cerca de 1.200 indicaciones que han permitido consensuar y avanzar, por ejemplo, en materia de áreas de protección, pues el proyecto original “no contemplaba la conservación marina ni los bancos de semillas”, indica.
Otro de los puntos complejos, explica el senador, fue la propuesta del Ejecutivo de desafectar los parques nacionales vía decreto supremo, lo que contraviene la Convención de Washington, pues sólo se puede dejar sin efecto la categorización, de parques nacionales, a través de una ley, principio que fue resguardado.
Participación de privados
Respecto de los incentivos a la incorporación de privados, el subsecretario de Medio Ambiente, Cristián Gutiérrez, indica que incorpora los instrumentos económicos de conservación de la biodiversidad, como el Sistema de Certificación de Actividades y Servicios Ecosistémicos donde una de las partes se compromete a preservar y hacer uso sustentable de los ecosistemas a cambio de una contraprestación.
El proyecto también establece un Fondo Nacional de la Biodiversidad con un presupuesto de $ 36 mil millones, al que pueden postular personas naturales o jurídicas, sin fines de lucro, para financiar proyectos de conservación privados. Estas zonas gozarán de beneficios como la exención del impuesto territorial, en tanto cumplan con el plan de manejo del área, y exención del impuesto a la herencia.
Para algunos, estos instrumentos no son suficientes. El senador Walker presentó una indicación para modificar la ley de donaciones culturales a fin de que las áreas protegidas también puedan ser objeto de donaciones directas de privados, sin embargo, fue declarada inadmisible porque requiere patrocinio del Ejecutivo.
Para Castillo, en tanto, todavía faltan incentivos tributarios. “El año pasado se creó el Derecho Real de Conservación que también apunta a formar estas unidades de protección con un derecho muy parecido a la hipoteca, pero afectado a la protección, pero el tema de fondo, de exenciones tributarias, de beneficios para los propietarios y para el país, no está muy claro aún”, afirma.
Desafíos
Uno de los aspectos pendientes de resolver, plantea Castillo, es el criterio para permitir obras o actividades en parques nacionales o áreas protegidas que puedan afectar la biodiversidad.
Por otro lado, la investigadora de Biodiversidad y Recursos Genéticos de Chile Sustentable, María Isabel Manzur, señala que se está llevando cabo la Consulta Indígena para recoger nuevas observaciones, y falta cerrar el debate de los humedales, pues “se pretende eliminar la categoría de Humedal de Importancia Internacional de las áreas protegidas, el que es resguardado por el Convenio Ramsar del que Chile es parte”, afirma.
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