Alto Maipo inició la recepción de recursos del financiamiento DIP mientras avanza reestructuración
En la primera junta de acreedores, los ejecutivos de la firma actualizaron a los avances del proceso judicial a la jueza Karen Owens.
Por: María Gabriela Arteaga
Publicado: Viernes 24 de diciembre de 2021 a las 04:00 hrs.
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En una nueva cita ante el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware, Alto Maipo reconfirmó que tiene previsto iniciar sus operaciones comerciales hacia finales de marzo del próximo año, tal y como había planificado desde antes de entrar en su proceso de reorganización.
Ante la Jueza Karen Owens, y por vía remota, los representantes de la compañía que desarrolla el proyecto hidroeléctrico respondieron preguntas, durante casi una hora, respecto de cómo van sus planes, inversiones y la reorganización en sí misma.
Junta de acreedores
Para esta, la primera junta de los acreedores, que dio el puntapié inicial del caso en sí, Owens tenía una agenda pautada con la que buscó aclarar la situación de la firma. Comenzó recordando el escenario que enfrentaba la empresa al momento de ingresar al Capítulo 11, haciendo referencia a la reducción de más del 50% en el precio de la energías, la incorporación de múltiples proyectos renovables al sistema eléctrico y el impacto de la baja considerable de la hidrología en los últimos 10 años.
Desde la firma, apuntaron que esos elementos podrían reducir los flujos de caja futuros y la capacidad de pago de deuda, por lo que decidieron apegarse a la ley estadounidense.
También relataron que, tal y como consta en el primer reporte operacional mensual, han recibido a la fecha US$ 3.066 como parte del financiamiento DIP, que contempla unos US$ 50 millones en total.
De ese monto -del que se desprenden US$ 20 millones, de forma provisional- será aportado por la matriz, anteriormente AES Gener.
Considerando ese ingreso y los desembolsos hechos por concepto de impuestos, renta, proveedores y sueldos, la compañía cerró el mes con un saldo de caja de US$ 12.496.316.
En la cita estuvieron presentes los directores Javier Dib, Alfredo del Carril y Roberto Salazar. Aunque los acreedores estaban convocados a participar, no se hicieron presentes al menos al momento de las preguntas.
Lo siguiente en el proceso debería ser la fijación de la fecha límite para presentar pruebas de reclamación.
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