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Publicado: Lunes 20 de enero de 2020 a las 04:00 hrs.
- A su juicio, ¿la situación de crisis económica ya está instalada en las empresas pensando en 2020?
-Las empresas han tenido unos meses muy difíciles, en muchos casos, con graves interrupciones en sus actividades productivas, están enfrentando costos más elevados y una mayor incertidumbre hacia a delante. Asimismo, los episodios de violencia y daños al sistema de transporte capitalino han pesado en el ánimo de muchos trabajadores y empresarios, lo que redunda en una mirada más negativa.
En relación a los resultados empresariales, hay un fuerte deterioro en las expectativas, tanto de ventas como de utilidades y los encuestados están mostrando una clara preocupación por el empleo. Los resultados dan cuenta de que los encuestados están esperando unos meses muy difíciles hacia adelante.
- ¿Cuáles son las consecuencias más relevantes que se deberían ver a raíz de la crisis?
- Una de las consecuencias más importantes es el fuerte deterioro en las expectativas empresariales, lo que redundará en temas como los planes de inversiones, las condiciones del crédito, el empleo y el nivel de endeudamiento.
En especial muchas empresas pequeñas y medianas ya están viendo condiciones más difíciles y les será cuesta arriba recuperarse de la interrupción sufrida en los últimos meses.
La magnitud del fenómeno hace difícil prever su evolución y la dirección que tomará el país en general. Esto dificulta la planificación a largo plazo y la toma de decisiones a todo nivel.
- ¿Cómo se está viendo el debate constitucional, se ve que tendrá un efecto negativo?
- La encuesta da cuenta de que el 60% de la muestra considera que el debate constitucional tendrá repercusiones negativas para su empresa. La incertidumbre siempre es un aspecto que afecta y el nivel que un proceso de esta magnitud genera, es algo con lo que las empresas deberán aprender a convivir por al menos un par de años. Esta percepción negativa del empresariado se podría revertir si es que gana la opción “No” en el plebiscito de abril y finalmente en lugar de partir con una “hoja en blanco” con la carta magna, se realizan las modificaciones y reformas que sean necesarias en la actual constitución.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.