En un documento de 29 páginas presentado ante la US Bankruptcy Court del distrito sur de Nueva York, Latam Airlines da cuenta de los primeros detalles de la solicitud de reorganización informada esta madrugada.
La empresa revela que tiene activos por US$ 21.088 millones y deudas totales por US$ 17.959 millones, junto con identificar uno a uno a sus principales acreedores.
Entre ellos destacan entidades financieras internacionales, como es el caso de Wilmington Trust Company, a quien adeuda US$ 777,5 millones; Citibank, a quien debe otros US$ 603 millones; Credit Agricole Corporate & Investment Bank, con US$ 274,4 millones; Wells Fargo Bank Northwest, con US$ 276,8 millones y Natixis, con $ 242,9 millones.
Además, incluye una lista de 40 reclamos no garantizados, donde destacan Bank of New York Mellon, con notas de crédito a 2024 y 2026, por US$ 700 millones y US$ 800 millones, respectivamente; Banco Santander Chile con US$ 549 millones y, BancoEstado, con US$ 179 millones, aunque con esta última entidad tiene otras líneas de bonos locales.
La decisión
Según el documento, el acogerse al capítulo 11 de la ley norteamericana llevó varias sesiones de análisis por parte de la mesa directiva. Así, al menos, se desprende del acta de directorio del 25 de mayo que la empresa adjuntó en su solicitud.
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En ella detalla que el 22 de mayo se había decidido citar a la reunión de este lunes para tomar una definición al respecto. Así fue como frente a todo el directorio reunido mediante videoconferencia, tomó la palabra el presidente de la empresa, Ignacio Cueto, quien junto con resumir lo abordado en nueve sesiones anteriores –desde el 7 de abril en adelante- y habiendo “explorando una alternativa de renegociación convencional con sus acreedores y otras partes interesadas”, la empresa había “estudiado las opciones de una reorganización reglada por un procedimiento concursal”.
Esto último debido a que la negociación convencional abría la posibilidad de que los acreedores decidan ejercer acciones de cobro forzado, con la consiguiente imposibilidad de curar incumplimientos y la necesidad de implementar una reestructuración integral de la compañía a la que se deban sumar todos sus acreedores y otras partes interesadas, factores que finalmente llevaron al directorio a considerar como la mejor alternativa un procedimiento reglado.
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“Hoy en día, la compañía necesita protección de sus acreedores y otras partes interesadas, que se refleje en una suspensión temporal de ejecución, al mismo tiempo que poder continuar operando con sus principales activos, proveedores, partes financistas, reguladores y trabajadores, mientras estructura una reorganización vinculante para ser viable financieramente en un escenario post pandemia”, dijo Cueto.
De esta manera, la mesa en unanimidad decidió acordar someterse al plan. Para eso contrató a conocidos asesores legales y financieros. Claro & Cia., en coordinación con Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP, para la presentación, ejecución, negociación y finalización de la reorganización ante leyes norteamericanas. Además, se contrató al estudio Togut, Segal & Segal, para ver conflictos que puedan surgir del contexto del procedimiento, el que estará en coordinación con los dos estudios anteriores.
Mientras, en el ámbito financiero, FTI Consulting y PJT Partners verán distintas materias relacionadas con el procedimiento. Finalmente, Prime Clerk LLC, será el agente de avisos y reclamaciones.
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