Aunque ya había generado debate la licitación pública que lanzó el Ministerio de Minería el 13 de octubre para establecer contratos especiales de operación para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio, salieron a la luz señales concretas del malestar que está provocando en algunos el proceso a pesar de la defensa que ha sostenido el gobierno.
La Compañía Minera Salares del Norte ingresó el 10 de diciembre una consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para que resuelva si las bases de licitación de este proceso pueden infringir las normas que protegen la libre competencia.
El concurso considera 400 mil toneladas de litio metálico comercializable, divididas en cinco cuotas individuales de 80 mil toneladas.
Pero, según el escrito presentado por los abogados Julio Pellegrini y Pedro Rencoret, "las bases contienen condiciones que restringen injustificadamente la competencia, inhiben la participación de postulantes, reducen la intensidad competitiva del proceso licitatorio, pueden resultar en una menor producción y, lo que es más grave, favorecerán arbitrariamente a los grandes actores internacionales".
Las bases, dicen, podrían ser arbitrariamente discriminatorias si se comparan con el último contrato que fue adjudicado a un competidor, aludiendo a la sociedad Salar de Maricunga (filial de Codelco).
Estas circunstancias pueden infringir, indican, las normas sobre defensa de la libre competencia que debe observar el Ministerio de Minería y, de paso, "vulneran gravemente los objetivos de política pública perseguidos por la autoridad con este proceso".
Ante esto, la compañía solicita aumentar significativamente los plazos del programa de licitación, reducir los montos de la Garantía de Seriedad de la Oferta, la Garantía de Pago del Precio de la Oferta, y la Garantía de Ejecución de Inicio de Labores de Explotación, ordenando que sean de una suma no superior al 30% de sus valores actuales; y eliminar la exigencia de que las ofertas superen un precio mínimo publicado en las bases. Se suma eliminar como criterio de desempate la elección de la oferta "más temprana" y disponer que los oferentes deben ser titulares de concesiones mineras.
Así, la empresa y otros actores del mercado, podrían hacer -dicen- una oferta tanto o más competitiva que la del resto de sus competidores.
El TDLC ya admitió a trámite la consulta y, aunque no suspendió el proceso, sí ordenó oficiar a la Fiscalía Nacional Económica, al Ministerio de Minería, Salar de Maricunga SpA, Codelco, SQM, Tianqi Lithium Corporation, Albemarle Corporation, Livent Corporation, y Ganfeng Lithium Co. Ltd. De todas formas, fuentes comentan que procesos de este tipo podrían demorar incluso un año.
Consultado el Ministerio de Minería, declinaron referirse al tema, pero en la cartera habría sorprendido el requerimiento, dado que el proceso de licitación busca justamente introducir mayor competencia al mercado del litio, incorporando nuevos actores y proyectos. Eso mismo, creen, explicaría por qué dicho tribunal rechazó la solicitud de suspender el proceso.
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