Por María Ignacia Alvear C.
Airbnb, la popular startup que permite a los propietarios de viviendas ponerse en contacto con otros usuarios para arrendar piezas, casas o departamentos por períodos cortos, está en el centro de una polémica judicial. Esta tendencia conocida como sharing economy, que también engloba a otras firmas del sector tecnológico, está sacando ronchas a algunos reguladores, que dicen que Airbnb estaría infringiendo leyes relacionadas a los impuestos por uso de viviendas.
El año pasado, el fiscal general de Nueva York emitió una citación para que la compañía revelara los registros de todos quienes facilitaban este servicio a través de Airbnb en ese estado. Bajo la ley de Nueva York que exige licencia a los hoteles, los residentes no pueden arrendar sus viviendas por menos de 30 días. Más del 60% de las ofertas publicadas en Airbnb hasta el 31 de enero infringían esa ley, según una declaración presentada en un tribunal el mes pasado. Además existen reclamos de que la compañía no paga los impuestos que se aplican a este tipo de negocio.
“Airbnb está cuidando su balance a expensas de una ley que protege la calidad de vida para residentes y la seguridad para los turistas”, señaló el vocero del fiscal, citado por Bloomberg.
Por su parte, el presidente y CEO de la Asociación de Internet estadounidense, Michael Beckerman, dijo que la firma genera retornos económicos positivos para las ciudades alrededor del mundo “y suma millones de dólares a las economías locales”. Se estima que Airbnb, que está valorada en US$ 10.000 millones -más que los grupos hoteleros Hyatt e InterContinental- y está presente en 34.000 ciudades alrededor del mundo, generaría
US$ 768 millones en actividad económica sólo en Nueva York este año.
La semana pasada, un juez de la Corte Suprema rechazó la petición del fiscal de exigir los datos personales de quienes ofrecían sus viviendas para este servicio, ya que era un material irrelevante para su investigación. A pesar de la decisión, el fiscal presentó un nuevo requerimiento el jueves, aunque no se entregaron mayores detalles de la nueva citación.
Hijos de la crisis
Airbnb ha sido reconocido como el pionero en lo que se ha denominado sharing economy, que agrupa a un nuevo conjunto de compañías que administran “mercados” donde los usuarios se ponen en contacto para arrendar, por ejemplo, sus viviendas o autos.
La mayoría de este tipo de empresas fueron fundadas entre 2008 y 2010 como consecuencia de la crisis financiera global. Luego fueron favorecidas por el auge de las redes sociales que facilitó la propagación de su uso y ofreció a los consumidores maneras de personalizar sus experiencias sin tener que comprar un auto, casas de veraneo y otros artículos que podrían estar muy lejos de sus presupuestos.
“La gente está buscando comprar servicios cuando los necesita, en vez de poseer un activo”, señaló a The Economist Jeff Miller, jefe en Wheelz, un servicio de arriendo de autos que opera en California.
Al igual que Airbnb, estas compañías han estado en el blanco de las críticas por no ofrecer un servicio que “garantice” de acuerdo a la ley la seguridad de sus usuarios y, además, por evadir el pago de impuestos. En noviembre de 2012, la Comisión de Servicios Públicos de California aplicó multas por US$ 20.000 a las firmas de transporte Uber, Lyft y SideCar (que funcionan como servicios de taxis y/o arriendo de autos) por transportar pasajeros sin tener una cobertura por daño a la propiedad. Las tres apelaron diciendo que las regulaciones no se aplicaban a este tipo de empresas. En tanto, un tribunal en Bruselas dijo que Uber (presente en Santiago) debía dejar de operar en la ciudad.
Pero además de proteger los intereses de los usuarios, los reclamos también apuntan a que estas empresas no pagan los impuestos que implica el negocio (al igual que Airbnb), y afectan a la “competencia”, como los taxistas regulares.
Otro de los recursos emitidos para abordar el problema ocurrió en Seattle en marzo, cuando el consejo de la ciudad pidió que se limitara el número de conductores de autos compartidos a 150 por compañía. Pero, la medida está congelada tras una petición respaldada por las empresas.
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