$ 1.121.615.765.157. Esta cifra –calculada a pesos de mayo de 2023 y que bordea los US$ 1.400 millones- corresponde al monto del impacto financiero estimado para el sistema isapre por efecto del cumplimiento del fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema por las tablas de factores de los planes de salud que consta en las bases del proyecto de ley corta envió este martes por Gobierno al Senado con el objetivo principal de concretar ese dictamen.
Si bien este monto global había trascendido con motivo de la presentación de la iniciativa legal por parte del Ministerio de Salud a parlamentarios en marzo pasado, hasta ahora oficialmente solo formaba parte de los escenarios posibles de la autoridad durante el complejo proceso de elaboración de la propuesta a nivel técnico y político.
Pero ayer esa cifra fue plenamente ratificada en la presentación que las máximas autoridades del sector realizaron ayer miércoles ante la Comisión de Salud del Senado, confirmando así el escenario de máximo impacto financiero para las isapres por efecto del cumplimiento de la sentencia del máximo tribunal. En la instancia, el Superintendente de Salud Víctor Torres, señaló que el grueso del monto global de $ 1,12 billones está compuesto por los pagos de carácter retroactivo por $ 928.791 millones, correspondientes al monto total que la industria debe restituir por las cotizaciones entre mayo de 2020 y noviembre 2022 (31 meses). Esto, como consecuencia del mandato de la Corte Suprema en orden a devolver los cobros realizados durante ese periodo a los afiliados que hayan excedido del parámetro establecido por el regulador en abril de 2020 y que rige actualmente. El resto corresponde a las cotizaciones realizadas entre diciembre 2022 y mayo 2023.
Torres destacó ayer que un total de 725 mil contratos se verán afectos al nuevo marco de determinación de las tablas de factores.
Efectos por isapre
El informe del regulador también detalló los efectos por cada aseguradora de salud. De acuerdo a la información entregada a los parlamentarios, el mayor monto global de restituciones a los afiliados corresponde a la isapre Cruz Blanca con $ 278.265,1 millones. A continuación viene Colmena con $ 242.498,7 millones, seguida a corta distancia por Banmédica ($222.464,6 millones) y Consalud ($ 199.465,4 millones). Más atrás se ubican Nueva Masvida ($ 89.088,1 millones) y Vida Tres ($ 74.939 millones). Por su parte Esencial, la aseguradora más reciente del sistema tras iniciar sus operaciones en abril del año pasado, se situó en $ 174,2 millones.
Asimismo, Torres detalló cuál será el efecto del marco establecido en la ley corta respecto de los ingresos futuros del sistema –el otro factor gravitante para el equilibrio financiero de la isapres- indicando que la industria tendrá una disminución promedio de 6% en sus ingresos mensuales, variación equivalente a cotizaciones por $ 31.381,7 millones que dejan de percibir.
Al respecto, se detalló que la isapre Vida Tres tendrá la mayor disminución entre las isapres abiertas con un 10%, seguida de Banmédica y Colmena –ambas con un 8% menos- Consalud (7%), Cruz Blanca (5%), Nueva Masvida (3%) y Esencial (1%).
Alarma en la industria
Si bien la reacción oficial de la Asociación de Isapres seguía pendiente al cierre de esta edición -a la espera de las resoluciones adoptadas en un directorio clave convocado en la tarde de ayer- el sinceramiento de la magnitud del impacto financiero sobre el sistema que baraja el Ejecutivo y el propio diseño de la ley corta, fueron recibidos con suma preocupación por la industria. “El Gobierno dobló la apuesta y reveló que quiere matar al sistema”, dijo ayer un alto ejecutivo del sector.
A nivel de expertos, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la U. Autónoma Luis Castillo, afirmó que con la fórmula propuesta “las isapres devuelven dinero que no tienen con menores ingresos futuros y esto puede significar un equilibrio financiero muy precario”.
Ley apunta a reducir el monto de las
cotizaciones en torno a $ 50 mil mensuales
En el día después del envío del esperado proyecto de ley corta de isapres, el aterrizaje de sus claves por parte de las autoridades estuvo enfocado en destacar los beneficios que busca establecer para los afiliados al sistema privado.
Desde el Ministerio de Salud destacaron que la implementación del esquema propuesto “significará una reducción de las cotizaciones en un promedio de, aproximadamente, $ 50 mil mensuales desde que se apruebe el proyecto y se publique hacia el futuro”, beneficiando a 600 mil contratos.
Al respecto, los cálculos entregados ayer por el superintendente Víctor Torres a la comisión de Salud del Senado, el cambio de tabla de factores y el no cobro a los menores de dos años de edad, beneficiará a aproximadamente el 39% de los contratos vigentes a noviembre de 2022, monto que bordea los 725 mil contratos del sistema privado, el 60% de ellos de mujeres.
Esto, como resultado del proceso de devoluciones diseñado por el proyecto y que establece que cada isapre deberá entregar a la superintendencia un plan que considere el número de contratos afectados por la adecuación de precios por la aplicación de tabla de factores vigente desde 2020 a los contratos de salud anteriores, junto con precisar el número de ellos afectos a devolución. Asimismo, y en el punto que la industria considera más relevante, cada isapre deberá calcular dentro de ese periodo el monto total de la deuda y propuesta de plan de pago correspondiente. Para este proceso, las aseguradoras de salud contarán con un plazo de seis meses desde que se apruebe la ley en el Congreso.
Por su parte, y en una de las primeras acciones del Ejecutivo tras el envío del proyecto, la Superintendencia de Salud pidió ayer miércoles a la Corte Suprema una ampliación del plazo establecido para dar cumplimiento al fallo por tabla de factores que se cumple este 31 de mayo, para así dar un mayor margen a su tramitación legislativa que partió en el Senado.
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