Las autoridades de Brasil intentaban ayer dejar atrás la crisis de la carne, luego de que los gobiernos de Chile, China y Egipto revirtieran durante el fin de semana las restricciones impuestas a las importaciones de este producto. Pero sus esperanzas se vieron frustradas después de que nuevos países se sumaran en las últimas horas a la lista de naciones que están restringiendo el acceso a sus mercados.
El caso estalló a mediados de marzo, luego de que la policía de Brasil denunció un esquema de corrupción en que las empresas productoras pagaban a funcionarios públicos para autorizar embarques de carne adulterada o descompuesta.
Ayer, el Ministerio de Agricultura de Brasil informó que Perú, Marruecos, Zimbabwe, Baréin y Santa Lucía notificaron suspensiones temporales o totales a la importación de productos desde el gigante sudamericano.
El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski notificó formalmente las medidas el fin de semana, con la suspensión de embarques de dos de los frigoríficos investigados y la prohibición de permisos para otras plantas brasileñas por los próximos 180 días.
Por su parte, Baréin comunicó la restricción impuesta a cuatro de las 21 plantas que están siendo investigadas, y la Unión Europea (UE) amplió la cantidad de firmas bajo vigilancia desde cuatro a todas las 21 empresas en cuestión.
Marruecos y Zimbabwe dictaron medidas temporales a todas las compras, y Santa Lucía pidió además la recuperación de todos los productos cárnicos brasileños procesados.
En tanto Irán, uno de los principales compradores de carne de Brasil, pidió ayer información al Ministerio de Agricultura brasileño sobre la calidad de la carne.
La cartera informó además que son seis, y no tres, los establecimientos intervenidos por el escándalo, del total de investigados. Sin embargo, no todos son frigoríficos. Se suman Souza Ramos, Lácteos SSPMA y la fábrica Farinha de Carnes Castro. Según el secretario de Defensa Agropecuaria, Luis Eduardo Rangel, la medida es “preventiva” por no tener control del proceso de fabricación.
Empresas a la ofensiva
Mientras tanto, las principales productoras de carne de Brasil, -JBS, BRF, Marfrig y Minerva-, trataron de pasar ayer a la ofensiva para recuperar la confianza y reputación de la industria. Las compañías anunciaron que retomarán gradualmente el ritmo de las exportaciones, con el objetivo de recuperar también el valor de sus acciones severamente afectadas. BRF, por ejemplo, perdió 9,3% de su capitalización de mercado.
JBS reactivó las reuniones con sus unidades productivas y su director ejecutivo, Wesley Batista, dijo que está enfocado en ajustar el ritmo de producción de carne bovina, prácticamente paralizada desde el jueves. Además, aseguró que no está evaluando despedir trabajadores luego de que se revelara que la envasadora estaría entre aquellas que pagaron sobornos para evitar los controles.
BRF, en tanto, creó tres comités para lidiar con la crisis.
Ofensiva del gobierno
Más allá del llamado escándalo de la carne, el gobierno de Michel Temer ha emprendido una nueva ofensiva para lograr las reformas con las que pretende sacar al país de su peor recesión.
Ayer se conoció que el jefe de Estado tiene previsto intensificar sus gestiones con el objetivo de que los parlamentarios aliados garanticen que la polémica reforma de pensiones sea aprobada antes de julio.
También tiene considerado reunirse esta semana con inversionistas para tranquilizar al mercado financiero sobre las perspectivas relacionadas con la aprobación de la agenda de cambios del Ejecutivo.
En la cita, el mandatario de seguro buscará destacar la reciente mejora de las expectativas, en particular con respecto a las finanzas de los hogares, luego de que el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) aumentara 3,5 puntos en marzo, alcanzando las 85,3 unidades, su nivel más elevado desde diciembre de 2014.
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