Los paraísos fiscales están en el foco de la atención pública tras la filtración de los “Panama Papers”, los documentos que revelan a una serie de sociedades constituidas offshore, una lista que incluye a políticos, deportistas y celebridades. Pero lo cierto es que en los años recientes las autoridades han redoblado sus esfuerzos para compartir información bancaria y evitar la evasión fiscal.
Tras la crisis financiera, y la presión que colocó sobre los presupuestos estatales, los líderes mundiales reunidos en la cumbre de las economías del G20 en abril de 2009 decidieron ponerse firmes en contra de la evasión tributaria.
En esa cumbre, que se realizó en Londres, se lanzaron más de 300 tratados para obligar a los países que actuaban como paraísos fiscales a compartir información sobre la actividad bancaria transfronteriza. Esas iniciativas se convirtieron en el mayor esfuerzo internacional para confrontar la evasión tributaria de la historia.
Pero una investigación realizada en conjunto por economistas de la Universidad de Copenhague y Paris School of Economics y divulgada a comienzos de 2012, reveló pocos cambios en los fondos depositados en paraísos fiscales. Lo que sucedió con estos tratados es que el dinero se trasladó de paraísos europeos como Luxemburgo y Suiza, hacia destinos menos propensos a firmar acuerdos, como Singapur, Hong Kong y las islas Caimán.
EEUU: el más activo
Más allá del esfuerzo conjunto, uno de los países más activos en imprimir transparencia a los flujos bancarios ha sido Estados Unidos. En 2007 Bradley Birkenfeld, funcionario del banco suizo UBS, se contactó con el Departamento de Justicia de EEUU y le reveló cómo el banco ayudó a ciudadanos estadounidenses a evadir impuestos. UBS pagó US$ 708 millones en un acuerdo con las autoridades y Birkenfeld estuvo tres años en prisión.
Esto impulsó a que el Congreso aprobara la ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (Fatca, su sigla en inglés) en 2010, que se implementó en 2013. La ley establece que todas las instituciones financieras extranjeras –como bancos, fondos de pensiones, compañías de seguros y otras- deben reportar directamente ala agencia tributaria de EEUU (IRS, su sigla en inglés) sus clientes que sean ciudadanos estadounidenses, indicando sus nombres, direcciones, actividad de sus cuentas y números de identificación tributaria. Si una institución no cumple, EEUU impone un impuesto de 30% a todas las transacciones que involucren títulos estadounidenses.
Los bancos son los que suelen estar en la mira de las autoridades y, en el último tiempo, la atención se ha centrado en los suizos. Credit Suisse, por ejemplo, aceptó pagar una multa de US$ 2.500 millones en 2014 por ayudar a estadounidenses a evadir impuestos.
Ya antes del caso de los Panama Papers, en 2015, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, su sigla en inglés) había divulgado lo que se conoció como la lista Falciani: un documento con 130 mil potenciales evasores tributarios con cuentas no declaradas en la sucursal en Ginebra (Suiza) del banco británico HSBC. El gobierno francés, que encabezaba la investigación, entregó información a otros países europeos en 2010 para que tomaran las medidas correspondientes.
Pese a que los paraísos siguen funcionando, la OCDE es optimista: su lista negra original de cerca de 38 paraísos fiscales “no cooperadores” se redujo en 2000 a siete en una década y a cero en 2009, de acuerdo con datos de la organización.
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