El caso conocido como Panama Papers se cobró ayer nuevas víctimas. El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, dimitió de su cargo en medio de protestas que pedían su salida, luego de que se diera a conocer que tenía una empresa junto a su esposa en las Islas Vírgenes Británicas, lugar considerado como un paraíso fiscal. Según revelaron los documentos, el premier habría depositados casi US$ 4 millones en bonos en los tres principales bancos de su país, que se hundieron en la crisis de 2008.
En tanto, Ramón Fonseca ministro consejero del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, presentó su renuncia al cargo con el objetivo de responder por el caso en el que está involucrado el bufete internacional de abogados, Mossack Fonseca, del que es socio, sin ningún tipo de vínculo con la actual administración.
El funcionario ya había pedido al jefe de Estado apartarse momentáneamente de sus funciones para enfrentar las acusaciones sobre el caso Petrobras, en Brasil, al que también se le ha relacionado.
Investigaciones en curso
Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Australia, Brasil, España, Francia, Holanda y Suecia son algunos de los países que ya han empezado a indagar las acusaciones, sobre la base de más de 11,5 millones de documentos filtrados por la investigación periodística.
La Comisión Europea pretende aprovechar el revuelo generado por el caso para impulsar su agenda en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Para ello, Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos de la Unión, presentará la próxima semana una propuesta para que las multinacionales desglosen públicamente y país por país una serie de datos fiscales. Este plan se sumará al que planteó en enero para que estos datos sean compartidos automáticamente entre las agencias tributarias de los Estados miembros. Actualmente, sólo ocho países consideran a Panamá una jurisdicción no cooperativa en asuntos fiscales. El problema es que cada país tiene su propia lista de paraísos fiscales y cada uno se basa en criterios muy heterogéneos. Francia ya tomó la iniciativa y repuso a Panamá en su lista de paraísos fiscales, ante lo cual reaccionó el gobierno el gobierno panameño, amenazando tomar represalias.
Por su parte, el gobierno alemán anunció nuevas normas de transparencia, a través de un nuevo registro nacional, que permita que las compañías "offshore" revelen la identidad de sus dueños. El ministro de Justicia, Heiko Mass, advirtió a los bancos que "nadie puede escapar permanentemente a la ley y a los investigadores". Maas lanzó esta advertencia luego de que se detallara en los archivos que al menos 28 bancos alemanes recurrieron a los servicios del bufete panameño Mossack Fonseca, en el centro del caso.
Controles en China
Todo lo contrario está ocurriendo en China, donde el gobierno está reduciendo la transparencia y decidió ayer restringir el acceso público a las informaciones sobre el caso en las que aparecen mencionados, entre otros, familiares de líderes políticos, e incluso medios estatales han cuestionado la cobertura de diarios occidentales denunciando un sesgo.
Las referencias a la palabra "Panamá" en los motores de búsqueda del país llevan a artículos locales y muchos de los enlaces han sido inhabilitados. Incluso, ayer fue enviada una nota por parte de una oficina provincial de Internet solicitando a los editores eliminar informes sobre las filtraciones.
Ex ministro chileno
El ex ministro de Hacienda, Hernán Büchi, negó ayer tener relación con las sociedades offshore mencionadas en los Panama Papers y aseguró que no se le había contactado para verificar la información. "No soy ni he sido nunca cliente de la referida oficina de abogados" dijo.
EEUU lanza ofensiva contra evasión tributaria y tambalea mega acuerdo de farmacéuticas
En medio de la polémica generada por el caso Panama Papers, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó ayer una ofensiva tributaria contra las compañías locales y extranjeras.
El anuncio pone en riesgo varios acuerdos de fusión y adquisición anunciados en el último tiempo e incluso podría descarrilar la compra de la irlandesa Allergan por parte de su rival estadounidense Pfizer, por US$ 160 mil millones, que habría creado la mayor farmacéutica del mundo. El acuerdo contemplaba trasladar la sede tributaria de la nueva compañía fusionada desde EEUU a Irlanda que cuenta con una menor tasa tributaria, reduciendo así sus costos impositivos, una estrategia conocida como "reversión tributaria".
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha criticado estas operaciones y ayer endureció su tono contra este tipo de acuerdos.
Las nuevas medidas anunciadas por el Tesoro de EEUU buscan hacer menos lucrativos este tipo de acuerdos al cancelar los beneficios tributarios de las empresas que los aplican. Estos beneficios permiten a las compañías usar préstamos internos para reducir sus tributos. Al cargar las filiales estadounidenses con deuda de sus oficinas matrices, las firmas extranjeras pueden podían deducir el pago de intereses en EEUU.
La decisión del Tesoro provocó la reacción airada de las multinacionales que consideraron haber quedado en medio del fuego cruzado de la campaña del jefe de Estado y que se verán afectadas al querer llevar a cabo nuevas transacciones.
Tras el anuncio, las acciones de Allergan bajaron 15,3%.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
corrupción
