El gobierno de Perú preparaba ayer la información requerida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se evalúe la solicitud de detención y extradición del ex presidente Alejandro Toledo, acusado de recibir US$ 20 millones en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para la construcción de la autopista Interoceánica Sur.
Se trata de la segunda vez que la administración de Pedro Pablo Kuczynski pide la extradicción; en la primera oportunidad, no superó los requerimientos de la justicia estadounidense, que solicitó más información sobre el caso.
En caso de ser aprobada la deportación, “Toledo estaría en Perú en una semana”, dijo ayer el ministro del Interior, Carlos Basombrío.
Hasta el momento se desconoce el paradero del ex mandatario, pero el Ejecutivo maneja como la tesis más fuerte que estaría en San Francisco, California, desde donde puede haber intentado viajar a Israel sin éxito el fin de semana. Por ello, se emitió una recompensa de US$ 30.000 a quien logre su captura e, incluso, el actual jefe de Estado peruano pidió este fin de semana la intermediación de su par estadounidense, Donald Trump.
Especialistas consideran que una expulsión desde EEUU no es posible porque el estatus migratorio de Toledo es legal en esa nación. De hacerlo, podrían darle al acusado herramientas legales para fortalecer su defensa. Sin embargo, otros indican que la residencia podría ser revocada por las autoridades bajo diferentes argumentos y que podrían manifestarse como lo hizo Israel: que primero arregle sus asuntos legales en Perú.
Ventas congeladas
Mientras el caso se define, el gobierno de PPK ordenó ayer el congelamiento de la venta de activos, sin previa autorización del Estado, para todas las empresas que han estado señaladas o sentenciadas por actos de corrupción.
La medida se aplicará hasta que las firmas efectúen el pago del íntegro de la reparación civil a favor del Estado o venza el plazo de vigencia del decreto que es de un año.
El actual jefe de Estado anunció, además, que su administración cobró la garantía por US$ 262 millones a Odebrecht por el incumplimiento del contrato del proyecto del gasoducto sur peruano y adelantó que se llevará a cabo una nueva licitación. “El gas llegará al sur, no lo duden”, anotó.
Más denuncias
Sobre ese caso, surgió ayer una nueva denuncia en la que un testigo acusó directamente a la esposa del ex mandatario Ollanta Humala, Nadine Heredia, de ser la encargada de dirigir la licitación de la obra para permitir que Odebrecht ganara el proceso.
Según un informe revelado en un programa de investigación peruano, la declaración de un testigo no identificado ante la Fiscalía Anticorrupción acusa a Heredia de haber actuado bajo los órdenes del ex gerente general de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien ya se ha acogido a la colaboración eficaz.
La ex primera dama ha negado las acusaciones, que además incluyen la remoción y nombramientos de personas para los puestos clave en el proceso de licitación.
Investigación desde Colombia
El ex presidente de Odebrecht en Colombia, Eluberto Martorelli, revelará esta semana a funcionarios de ese país que viajarán a Brasil los detalles de las presuntas irregularidades que rodearon la celebración de millonarios contratos de obras viales entre los años 2009 y 2014.
Según señaló un medio de comunicación local, Martorelli hará público el listado de personas que recibieron sobornos por parte de la constructora para adelantar los trámites necesarios con el fin de beneficiarla con los contratos, entre los que se encuentra el proyecto de la Ruta del Sol Tramo II y la construcción de la vía Ocaña-Gamarra.
Entre estos se encontrarían congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales, empresarios y hasta grupos armados ilegales.
Los delegados del ente investigador y el Ministerio Público buscan además verificar si la trasnacional hizo aportes económicos a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y de Óscar Iván Zuluaga en 2014.
LA JUSTICIA TRAS LOS MARTINELLI
Uno de los casos más recientes de solicitud de extradición a Estados Unidos por parte de un gobierno latinoamericano es el que hizo Panamá en septiembre de 2016, en torno al ex presidente de ese país Ricardo Martinelli, acusado de haber ordenado intercepciones telefónicas ilegales durante su gobierno (2009-2014).
La solicitud entregada al Departamento de Estado por conducto de la embajada panameña en Washington sigue pendiente de aprobación.
En tanto, ayer una fiscal especial anticorrupción giró orden de captura internacional contra los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del ex mandatario, y contra la abogada Evelyn Ivette Vargas por la presunta comisión del delito contra el orden económico en la averiguación del pago de sobornos de la empresa Odebrecht a través de cuentas off shore.
Eike Batista logra sacar su patrimonio del terreno negativo aunque sigue tras las rejas en cárcel de Rio de Janeiro
Eike Batista, quien en otrora fuese el hombre más rico de Brasil y uno de los ocho más adinerados del mundo, logró salir de la calificación de "multimillonario negativo" y recuperar parte de su fortuna, aunque no ha hecho lo mismo con su libertad.
Tras el pago de algunas deudas y la reestructuración de varios acuerdos, parece estar viviendo algo similar a un rebote. Su patrimonio neto regresó a territorio positivo y está valorado en unos US$ 100 millones por el índice de multimillonarios de Bloomberg.
El empresario había perdido, en solo un año, US$ 35.000 con el colapso de su imperio de materias primas.
Hoy, mantiene participación en algunas de sus empresas que cotizan en bolsa, incluyendo la minera CCX y la firma energética MMX que juntas valen alrededor de US$ 40 millones y han pagado dividendos recientemente.
Tras las rejas
Pero la movida no lo ha salvado de seguir tras las rejas luego de haber sido detenido a su arribo a Brasil el 30 de enero.
Batista permanece recluido en una peligrosa cárcel de Rio de Janeiro, acusado del pago de comisiones ilegales –a través de cuentas offshore– por unos US$ 16,5 millones al ex gobernador de esa ciudad, Sergio Cabral, para adjudicarse contratos públicos.
Cabral ha negado cualquier implicación en el caso.
Batista también ha reconocido haber hecho "donaciones" a campañas electorales en su país a cambio de ganar licitaciones.
Además, el magnate enfrenta nuevas acusaciones civiles en Florida, EEUU, y en las Islas Caimán donde habría desaparecido millones de dólares antes de que los investigadores brasileños pudieran llegar a los activos.
La demanda civil, presentada por entidades asociadas con el inversionista estadounidense Paul Tien y hecha pública en enero, alega que Batista fue el cerebro de un esquema de fraude para persuadir a los inversionistas con promesas de descubrimientos de petróleo y de colocar en juego su fortuna si era necesario.
El caso de Tien llevó al congelamiento de US$ 63 millones de los activos de Batista en todo el mundo.
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