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REGÍSTRATE AQUÍEn un muy duro discurso, Rousseff aseguró que está en marcha "una ruptura institucional que se forja en los sótanos" de la política y apunta a "desconocer el legítimo mandato".
Por: EFE
Publicado: Martes 22 de marzo de 2016 a las 15:02 hrs.
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, denunció hoy lo que calificó como "conjura" contra la "estabilidad democrática" del país, al aludir al trámite para un eventual juicio político con miras a su destitución que comenzó en el Congreso.
"Si es necesario movilizar a la sociedad en una campaña por la legalidad", que "quede claro que me sobran energías, disposición y respeto a la democracia para el enfrentamiento necesario a la conjura que amenaza la estabilidad institucional y democrática", dijo en un acto con juristas y activistas de movimientos sociales.
En un muy duro discurso, Rousseff aseguró que está en marcha "una ruptura institucional que se forja en los sótanos" de la política y apunta a "desconocer el legítimo mandato" que recibió de la sociedad brasileña en las urnas.
Rousseff aseguró que tiene "la conciencia tranquila de quien no cometió ningún acto ilícito que pueda caracterizar un 'delito de responsabilidad'", de lo que la acusa la oposición ante el Congreso sobre la base de unas irregularidades descubiertas en los balances que el Gobierno presentó en 2014 y 2015.
También sostuvo que tiene "la seguridad de quien actuó para combatir de forma enérgica y continua la corrupción que siempre afligió a Brasil".
La mandataria insistió en que la oposición ha puesto en marcha el trámite para un juicio político porque "no acepta" su victoria en las elecciones de 2014, en las que fue reelegida para un segundo mandato, y calificó el proceso en el Congreso de "amenaza" a la democracia.
"Condenar a alguien por un crimen que no cometió es la mayor violencia que se puede cometer contra una persona" declaró Rousseff, quien recordó que ya fue "víctima de la dictadura", en alusión al tiempo que pasó en prisión durante el último régimen militar, que se prolongó entre 1964 y 1985.
"Ahora, lucharé para no ser víctima en plena democracia", afirmó la mandataria, respaldada por un coro que cantaba "no habrá golpe".
Según Rousseff, en la situación que vive Brasil "no caben las medias palabras, pues lo que está en curso es un golpe contra la democracia" y "no importa si el arma es un fusil, una venganza o las ganas de algunos por llegar más rápido al poder".
Así como en otras ocasiones, afirmó que "jamás" renunciará a su mandato y que "los golpistas no pasarán".
El acto fue celebrado en el Palacio presidencial de Planalto, al que acudieron una treintena de juristas y decenas de activistas de movimientos sociales que coincidieron en que no hay fundamentos legales para procesar a Rousseff, que enfrenta una de las peores crisis políticas que se recuerde en la historia del país.
Economistas y abogados revisaron los planteamientos. Hay varias materias que generan apoyo, pero piden más detalle sobre su alcance. Con todo, en ambos programas hay temas que generan preocupación.
El panel que reunió, entre otros, al director general de ProChile, la presidenta de la Sofofa y el gerente general de Metro, analizó el rol de las PYME y la colaboración público privada para el desarrollo del país.
La compañía había demandado al organismo público -que depende del ministerio encabezado por Carlos Montes- por no pagarle un paño que le compró para el desarrollo de un proyecto habitacional.
B-Conex es una iniciativa transnacional que creó Ovalle Consejeros Legales junto a sus pares de Uruguay y Argentina, Castellán y PASBBA -respectivamente- y donde acaban de anexar al estudio CSA Advogados, con sede en São Paulo.
Apuntaron que el informe que realizó la firma “construyó una imagen económica distorsionada y artificialmente depreciada”. Econsult Capital aseguró que "la querella presentada carece de todo fundamento".
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