Centenares de manifestantes en Venezuela bloquearon ayer las principales avenidas de Caracas, extendiendo una seguidilla de movilizaciones que lleva más de un mes y acumula más de una treintena de muertos. Pero esta vez la protesta tenía un eslogan distinto: el rechazo a la decisión del mandatario de redactar una nueva Constitución, que reemplazará la de su antecesor, Hugo Chávez, y que será elaborada por 500 delegados, la mitad de los cuales representarán a organizaciones sociales.
Ante ello, Estados Unidos podría evaluar nuevas sanciones contra funcionarios, según señaló el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Fitzpatrick.
“El gobierno ha decidido una vez más cambiar las reglas en mitad del juego”, señaló el funcionario, quien agregó que los anuncios de Maduro “podrían darnos nuevas razones para considerar sanciones individualizadas adicionales”.
En tanto, el analista de riesgo político de IHS Diego Moya-Ocampos señaló que el llamado a una Asamblea Constituyente “representa un escalamiento en los intentos del gobierno de contraponerse al imperio de la ley y aislar a la Asamblea Nacional”.
En una nota a clientes, añadió que si las manifestaciones sobrepasan a las fuerzas de orden y la cifra de muertos crece, “el Ejército, que hasta ahora ha dado apoyo casi incondicional a Maduro, probablemente dejará de reprimir las protestas”.
Asimismo, el jefe de estrategia de renta fija en Latinoamérica de Nomura, Siobhan Morden, señaló que el anuncio “parece ser otro paso hacia la autocracia” y agregó que “asumimos que esto representa, en el mejor caso, una técnica de distracción para evitar los ciclos eleccionarios o, en el peor, un intento de consolidar más el poder”.
Calendario electoral
El llamado a redactar una nueva Carta Magna llega en un año en que Venezuela debe celebrar elecciones municipales y, además, podría dar curso a las regionales que se postergaron el año pasado.
Ayer, el ministro de Educación, Elías Jaua –designado por Maduro para liderar la comisión presidencial a cargo de la nueva Constitución–, dijo al canal estatal VTV que “uno de los temas que busca la Constituyente es (dar) condiciones de estabilidad para los procesos electorales que están en marcha”.
El año pasado, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el Ejecutivo, postergó en seis meses los comicios regionales, en momentos en que el apoyo al gobierno se desvanecía y la crisis económica se aceleraba. El organismo no ha confirmado una nueva fecha para dichas votaciones; sí ha dicho que no podrán participar en ella los partidos políticos que no logren los requisitos de reinscripción de militantes, un proceso que está ahora en desarrollo.
Las elecciones municipales, en tanto, están agendadas para noviembre y la próxima presidencial se espera para el segundo semestre de 2018.
“No hay condiciones de normalidad y es lo que busca la Constituyente: un mínimo de condiciones para poder ir a unas elecciones que no terminen en una lucha fratricida entre los venezolanos”, defendió Jaua.
Reacciones al anuncio
El líder opositor y gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, reafirmó su rechazo a la Asamblea Constituyente. “La posición de Maduro es que se acabaron las elecciones y yo como venezolano no lo voy a aceptar (...) Si tengo que ir preso, iré preso”, sentenció.
En el parlamento, la oposición aprobó ayer un rechazo a la convocatoria y llamó a una nueva marcha para hoy.
Desde Chile, el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, se sumó al llamado del Papa Francisco a una “salida negociada” al conflicto que vive Venezuela. Sobre la redacción de una nueva Carta Magna, manifestó que “hasta ahora, sabemos solamente que no se conformaría a través de un sufragio universal libre y secreto, sino que a través de sectores sociales” y que “generaría la disolución de la Asamblea Nacional, que fue elegida por el pueblo venezolano en las urnas”.
La autoridad sostuvo que “la situación se está tornando más compleja. Se ha agravado (...) mantendremos contacto con otros cancilleres. Cuando sepamos más detalles del anuncio, probablemente comunicaremos la opinión no sólo de Chile sino que de un grupo de países afines”.
GENERAL MOTORS CESA PRODUCCIÓN EN EL PAÍS TRAS EXPROPIACIÓN DE PLANTA
La automotriz estadounidense General Motors anunció ayer que comenzará la desconsolidación de su negocio en Venezuela, tras la confiscación de una de sus plantas y estimó que su salida del país le generará un cargo cercano a los US$ 100 millones.
"Si bien la empresa ha cesado operaciones, los ejecutivos de GM han manifestado la voluntad de conversar con representantes del gobierno y con líderes sindicales sobre las circunstancias bajo las cuales sería posible iniciar la producción y emplear a un número de trabajadores con un modelo de negocios nuevo y viable", indicó la compañía en el comunicado.
Hace dos semanas, la empresa había informado que el gobierno confiscó su planta en el centro industrial de Valencia. El cierre de esa unidad llevó al despido de 2.700 empleados. La automotriz presentó un recurso de apelación ante el máximo tribunal venezolano que, de tener éxito, desestimaría la querella que llevó a la incautación de la planta.
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